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México, D.F. 24 de noviembre de 2010 (Reforma).- Por unanimidad, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaron este miércoles la legalidad del procedimiento de expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra del ex Gobernador de Oaxaca, José Murat.
Al considerar infundados o inoperantes los distintos agravios alegados, los siete magistrados confirmaron el acuerdo del 26 de agosto de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, el cual emplazó a Murat a avanzar en el proceso de expulsión.
Se confirma el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual se emplazo a José Murat Casab al procedimiento disciplinario de expulsión del citado partido político, señala la sentencia elaborada por el magistrado ponente Manuel González Oropeza.
El ex diputado y ex senador oaxaqueño impugnó ante el Tribunal la presunta ilegalidad del procedimiento de expulsión en su contra iniciado por presuntos apoyos al candidato Gabino Cué, opositor al PRI, en las pasadas elecciones del 4 de julio.
En el juicio de protección de derechos político-electorales, el ex Gobernador alegó a su favor que el tricolor no acreditó en el procedimiento el carácter de militante de quien presentó la queja en contra suya y cuestionó la legalidad del procedimiento mismo y sus instructores.
De las diversas constancias que obran en autos se desprende que contrariamente a lo afirmado por el actor, el denunciante de los hechos imputados sí cuenta con la calidad de militante y presidente de una organización adherente del citado partido político, indica la sentencia.
En cuanto al agravio alegado por Murat referente a que el emplazamiento en su contra era ilegal por estar suscrito por el presidente de la Comisión Nacional de Garantías, quien presuntamente carece de atribuciones para tal efecto, el Tribunal consideró que sí cuenta con la facultad de suscribir resoluciones, acuerdos y actas que emita el pleno de la citada Comisión.
En cuanto al agravio de que el procedimiento en su contra no se ajusta a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica, los magistrados lo consideraron infundado e inoperante.
En cuanto a que en la normativa del partido político de mérito no se prevé lo relativo a la garantía de audiencia a favor de todo militante, se propone declarar infundado el agravio, toda vez que del contenido del considerando tercero del acuerdo impugnado se desprende que el órgano partidario responsable, al emitir el acuerdo impugnado, respetó el debido proceso legal y en particular la garantía de audiencia conforme a los principios de constitucionalidad y legalidad, añade la sentencia.