Isidoro Yescas / Riesgos de la transición democrática en Oaxaca

Oaxaca, Oax. 26 de octubre de 2010 (Quadratín).- ¿Qué riesgos puede enfrentar un gobierno surgido de una coalición electoral opositora si decide dejar intacta, en lo fundamental, la estructura de poder del viejo régimen y pactar con el PRI una transición gatopardiana? Tiene y tendrá este partido la capacidad para doblegar al nuevo gobierno?, ¿Qué papel deben jugar el poder legislativo y la sociedad civil para asegurar el paso de la alternancia a la transición democrática?
Estas y muchas otras preguntas vienen flotando en el ambiente social y político de Oaxaca a partir de la derrota electoral del PRI el 4 de julio. Y no es para menos. El PRI no solamente perdió la gubernatura y el control absoluto del Congreso local sino también cabeceras municipales tan importantes como el de la ciudad de Oaxaca, Huatulco, Huajuapan, Tuxtepec y Salina Cruz.
En el contexto de una campaña electoral que puso el acento en la lucha en contra del autoritarismo, la corrupción y el abuso de poder, el triunfo del bloque opositor al PRI y de quienes sufragaron por los candidatos de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” estaría abriendo las puertas de una nueva era para Oaxaca, es decir, el principio del fin del viejo régimen autoritario acompañado de un cambio de rostros, estilos de gobernar, conductas públicas , valores políticos, leyes e instituciones.
Sin embargo, lo que en este contexto no se ha valorado en su exacta dimensión es que la expresión partidista de ese viejo régimen subsiste y permanecerá como fuerza política y factor real de poder. Por eso mismo, la cúpula priista del ulicismo busca ahora, por un lado, sofocar y blindarse contra todo intento de disidencia y ruptura y, por el otro, reacomodarse a los nuevos tiempos para irse posicionando como un partido en el poder, y en proceso de ser oposición, con alta capacidad de negociación y chantaje, dispuesto a hacer valer la representatividad que mantiene en los congresos local y federal y su fuerza política a nivel nacional para asegurar parcelas de poder, impunidad, privilegios e influencia en la toma de decisiones en los tres niveles de gobierno.
La resistencia para iniciar con suficiente anticipación el proceso administrativo de entrega-recepción a nivel del poder ejecutivo, el mayoriteo por parte de la fracción parlamentaria del PRI en la LX Legislatura local para aprobar al vapor la creación de una Junta de Coordinación Política a modo en sustitución de la Gran Comisión y el apoyo condicionado de la bancada del PRI en el Congreso federal a la solicitud del gobernador electo Gabino Cué para incrementar el presupuesto del gobierno del estado para el 2011 constituyen parte de esta estrategia de reposicionamiento político-partidista del viejo régimen.
Es ya del conocimiento público que una de las actividades que ha concentrado la atención del gobernador electo Gabino Cué es la negociación de presupuesto público para Oaxaca. Y las dos instituciones claves para obtener una respuesta positiva son el gobierno y el congreso federal. En forma inesperada el primero ya envió una señal negativa al considerar en su proyecto de presupuesto de egresos para el 2011 una reducción de 10 mil millones de pesos al presupuesto del gobierno del estado de Oaxaca. Falta ahora la respuesta de la Cámara de Diputados en donde será decisiva la postura que asuma la bancada del PRI.
Y es en este punto en donde el priismo ulicista estaría intentando intercambiar su apoyo al gobierno electo para mejorar de manera sustancial el proyecto de presupuesto para Oaxaca a cambio de contar con el voto aprobatorio de las fracciones del PRD, PAN, PC y PT de la LXI legislatura para que el PRI se quede con la presidencia de la Junta de Coordinación Política.
Es indudable que un presupuesto menor al solicitado y todavía reducido a 10 mil millones de pesos afectaría seriamente los proyectos sociales del nuevo gobierno al punto de que tuviera que aplazar algunos y otros definitivamente cancelarlos, con todos los efectos políticos negativos que esto acarrearía.
Sin embargo, también es un hecho que ceder a las pretensiones del PRI para que se perpetúe en el control del poder legislativo es correr el riesgo de quedarse en la mera alternancia o, en el mejor de los casos, pactar una transición aterciopelada, gatopardiana, en donde las viejas instituciones permanecerían esencialmente intactas y la clase política del viejo régimen conservaría sus fueros y privilegios.
Frente a este dilema la solución debe salirse de las negociaciones cupulares para darle paso a un debate público de todos los actores políticos comprometidos con la transición democrática para defender el proyecto que hizo posible la alternancia política acompañado de la presión ciudadana hacia los poderes ejecutivo y legislativo a nivel federal para impedir se recorte el presupuesto público para Oaxaca.
Las decenas de miles de votos emitidos el 4 de julio a favor de los candidatos de la coalición opositora deben hacerse sentir ahora para evitar que la coyuntura de la negociación presupuestal sirva de plataforma al viejo régimen para dar un golpe de mano en el poder legislativo y, todavía, pretender cogobernar bajo reglas que dañaron severamente la credibilidad de las instituciones públicas y fomentaron el autoritarismo y la corrupción a gran escala.
Pero los riesgos de que se interrumpa el proceso de cambio político no se encuentra solamente en los personeros del viejo régimen, sino también en ese amplio abanico de organizaciones sociales, sindicales y políticas que , de facto, se han constituido en el cuarto poder de Oaxaca.
Con orígenes e intereses diversos, bases sociales generalmente corporativizadas y liderazgos que no siempre se han ganado el respeto de sus representados y mucho menos de la sociedad, estas organizaciones crecieron y se fortalecieron generalmente por la indolencia, ineficacia y complicidad de funcionarios gubernamentales o ante la ausencia de canales institucionales de interlocución de los gobiernos priistas. Sin embargo, lo que la sociedad oaxaqueña, y sobre todo los habitantes de la ciudad capital han criticado, son sus métodos de lucha, sobre todo los que a todas luces agravian y perjudican a miles de ciudadanos y no a sus adversarios políticos o a las instituciones que critican
y de quienes reclaman su atención. Y el problema es que estos métodos, consistentes en bloquear en forma reiterada calles y carreteras, tomar oficinas públicas y atentar contra el patrimonio personal e histórico de los oaxaqueños, prácticamente se han institucionalizado.
Lo que resulta más preocupante es que este ambiente de anarquía, violencia focalizada, de nulo respeto a la legalidad y a los derechos de terceros, pudiera persistir para el siguiente sexenio, prácticamente con los mismos actores, pero también con grupos y organizaciones emergentes, promovidos desde ahora para el cobro de facturas post-electorales y para obstruir la buena marcha del nuevo gobierno. Por lo tanto, la inestabilidad política y la resistencia a respetar las leyes puede constituirse en otro factor de riesgo que puede hacer más difícil, o de plano congelar, la transición democrática y un ejercicio de gobierno que pretenda poner por delante el respeto a la ley e iniciar un acercamiento serio y respetuoso con la ciudadanía.
Finalmente, en el mediano plazo, también factores externos como la sucesión presidencial y la secuela de pactos políticos personales y partidistas que traerá consigo a nivel nacional y en cada entidad federativa, pudieran constituirse en factores que provoquen nuevos realineamientos de los partidos coaligados en el poder legislativo y con representación en el poder ejecutivo, debilitando así su poder de decisión y negociación institucional.
Bajo este escenario para fines del 2011 las tareas electorales de los partidos hoy coaligados y unidos en torno al gobernador Gabino Cué estarían fundamentalmente dirigidas a tomar la decisión de seguir caminando juntos o por separado en la disputa por la presidencia de la república. Y esas definiciones serán decisivas para los reacomodos políticos y administrativos en los poderes ejecutivo y legislativo de Oaxaca para el 2012 y para las elecciones intermedias del 2013.
Así pues en el corto y mediano plazo los escenarios políticos que se pudieran anticipar para Oaxaca son los siguientes: Un primer escenario apuntaría a tener un gobierno solamente de alternancia, con una coalición legislativa parcial y de corta duración, un poder ejecutivo fuerte y un gabinete plural. Las viejas instituciones serían ajustadas solamente a las nuevas condiciones políticas y la reforma del Estado se procesaría en forma gradual y sin poner en riesgo la estructura del viejo régimen. No habría regresión autoritaria, pero tampoco transición democrática.
En el segundo escenario estaríamos ante la posibilidad de tener un gobierno de coalición comprometido con una agenda política para la transición hacia un régimen democrático. Una coalición gobernante resultado de un pacto y agenda de trabajo entre las dirigencias nacionales y estatales del PRD, PAN, PC y PT, que comprometa a estas fuerzas políticas a promover un nuevo diseño institucional para Oaxaca, a cambio de que las mismas estén representadas en forma proporcional a su fuerza política y electoral en el gabinete gubernamental. No quedarían excluidas otras fuerzas sociales y políticas, incluido el PRI, pero bajo reglas definidas y consensadas por la coalición gobernante.
Se sentarían así las bases para transitar de un régimen autoritario a uno democrático, sin que eso necesariamente garantice su instauración y consolidación pues en este como en los otros escenarios siempre estarán presentes factores disruptivos internos y externos como la sucesión presidencial del 2012 , las elecciones locales del 2013 o la propia dinámica de los conflictos sindicales, políticos y sociales de la entidad.
Y en un tercer escenario lo que pudiera ocurrir es la conformación de un régimen híbrido, como lo llama Leonardo Morlino. Es decir, la integración de un gobierno plural, pactista, con un ejecutivo fuerte y un gabinete dominado por la vieja clase política, pero en donde también estén representados los partidos que a nivel del poder legislativo le dieron continuidad a la coalición electoral. El nuevo régimen no se quedaría en la mera alternancia, pero tampoco se atrevería a promover reformas legales y cambios políticos e institucionales profundos, ni a tomar decisiones que impliquen confrontación con sus adversarios políticos del viejo régimen. Se estaría en el caso de un régimen que para mantener su bono democrático ganado en las urnas y para garantizar su continuidad, optaría por cambios graduales y arreglos políticos a la vieja usanza.
Y ojalá me equivoque, pero algunas señales políticas parecieran empezar a apuntar hacia esta tercera vía.
Síntesis de mi ponencia presentada en el Seminario “Oaxaca 2010: las lecciones de la elección”, IISUABJO, Octubre 23 del 2010.

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