Desdeña Segob urgencia de medidas cautelares en Copala

Oaxaca, Oax. 22 de octubre de 2010 (Quadratín).- La Secretaría de Gobernación (Segob) desdeñó la urgencia de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los indígenas triquis adheridos al municipio autónomo de San Juan Copala, sostuvo el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), Maurilio Santiago Reyes.
Asimismo, el Gobierno federal tampoco mostró sensibilidad para reunirse con los beneficiarios en el territorio oaxaqueño, sostuvo.“Una medida urgente es para proteger la vida y asegurar las garantías a favor de las personas indefensas; está por encima de trámites administrativos”, subrayó.
La CIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió el 7 de octubre adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los 135 habitantes de Copala, hoy desplazados por las hostilidades y ataques armados.
No obstante, la Segob faltó a su responsabilidad y esperó 12 días para iniciar el trámite a las medidas consideradas urgentes, criticó.
Santiago Reyes evidenció a los funcionarios del actual secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, por desconocer el protocolo del organismo internacional garante de los derechos humanos e intentar imponer fechas y agenda de la reunión.
En respuesta al menosprecio de la problemática indígena triqui, el CEDHAPI y el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” (BARCA), otro de los organismos peticionarios, rechazaron la invitación con Gobernación en la Ciudad de México en la víspera del cumplimiento legal de 15 días.
Otras de las razones, expuso, fue que la convocatoria excluyó a los beneficiarios y sus representantes.
En entrevista por separado, el secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez confirmó que el Gobierno del estado apenas el martes 19 de octubre fue informado por la Segob de la medida precautoria de la CIDH.
Al mismo tiempo rechazó que el Gobierno estatal haya incurrido en omisiones al negarle el respaldo a los 135 personas beneficiadas con las medidas cautelares.
“Las medidas cautelares deben de acordarse entre las autoridades federales y los beneficiarios acompañados por los peticionarios”, subrayó. E insistió, “la Segob es la única entidad facultada para convocar a los peticionarios, y la administración estatal para que se cumpla con las medidas cautelares”. “El Gobierno federal se encarga de coordinar la atención de las solicitudes de medidas precautorias; así como instrumentarlas”, remarcó.
Por otra parte, dijo que en la lista de beneficiarios favorecidos con medidas cautelares no aparece ninguna víctima del ataque armado sucedido el sábado pasado en Yosoyuxi, en inmediaciones de San Juan Copala.
Precisó que en el caso de Jordán Ramírez González, el nombre que aparece es Jordán González Ramírez, por lo que para efectos legales no procede.