Moisés Bailón / Los retos de la gobernabilidad

Oaxaca, Oax. 12 de octubre de 2010 (Quadratín).- En un proceso de renovación de poderes que por momentos parecería ser muy prolongado y en otros muy corto para aterrizar la cantidad de cambios por venir, el reto más grande al que se habrá de enfrentar el nuevo gobierno será el de la conciliación política de Oaxaca.
La oportunidad de reconstruir los canales de comunicación rotos con distintos actores de la vida pública del estado, representa para la nueva administración una oportunidad que llega con el cambio y que le dará solidez en el manejo de la gobernabilidad.
En este panorama sobresalen una infinidad de temas a los que tendrá que dárseles un trato especial. Desde cómo replantear la relación con las organizaciones sociales y los sindicatos de Oaxaca, para evitar las constantes manifestaciones, hasta comenzar a transparentar los recursos que cada uno de ellos recibe de parte del gobierno local.
Una de las discusiones centrales sobre este tema es que por muchos años los gobiernos locales han mantenido económicamente y fomentado la creación de organizaciones sociales con fines partidistas. Hoy, el número creciente de ellas y los compromisos cada vez más difíciles de cumplir están colapsando las finanzas y la gobernabilidad de la entidad.
A esta difícil relación se deben construir varias alternativas. En primer lugar, un censo de las organizaciones, sus liderazgos, regiones de influencia y montos que reciben por parte del gobierno local. Generar un mapa público de cada una de ellas, donde cada ciudadano pueda conocer las organizaciones que existen en Oaxaca, a qué se dedican y la ideología o fines que las legitiman.
En segundo lugar, desde hace tiempo el reparto de recursos del gobierno local hacia los liderazgos regionales y las agrupaciones se realiza de manera discrecional. Los criterios versan sobre el número de integrantes, la filiación política y el poder de movilización. Esto tiene que terminar, para pasar a generar un programa institucional donde no sólo las agrupaciones políticas sean quienes puedan recibir capital, sino cualquier asociación con talento y programas sostenibles que generen bienestar a la comunidad.
En tercer lugar, el nuevo gobierno debe tener muy claro sus esquemas de transparencia y seguimiento de los recursos. Para saber el uso y fines en que se emplean los impuestos de los contribuyentes por parte de las organizaciones. De tal manera que las agrupaciones que reciben fondos públicos puedan ser sujetos obligados de la ley de transparencia, y aquellos que no estén cumpliendo con los compromisos adquiridos, se les pueda imputar una sanción o pena.
En esta nueva relación con las organizaciones sociales y sus liderazgos debe también haber una corresponsabilidad en los mecanismos de protesta cuando una de las partes no cumple los acuerdos. De ninguna manera las marchas o toma de edificios y carreteras se avala, cuando se pone de por medio los derechos de otras personas. El nuevo gobierno deberá establecer desde ahora los acercamientos pertinentes con cada uno de los liderazgos para conocer agendas y demandas, y también, para prever los recursos disponibles.
La nueva relación con las organizaciones representa tan sólo una parte de una amplia gama de asuntos de gobernabilidad. El segundo rubro en importancia será el vínculo que sostenga el nuevo gobierno con los 570 alcaldes del estado. Que el control de la delincuencia, el ordenamiento de asentamientos irregulares, las medidas de protección civil, la generación de empleos, sean elementos que se fortalezcan de manera regional dentro de los propios municipios y no centralista como ha sucedido hasta ahora.
Necesitamos devolver el poder al municipio por un asunto estratégico. Si la geografía local aún nos impide establecer canales de comunicación inmediatos para reaccionar ante desastres naturales, aún más complicado se vuelve para resolver temas de fondo. Las comunidades deben ser capaces de resolver sus propios conflictos y diferencias, porque nadie mejor que ellas se conocen. Las autoridades municipales necesitan comenzar a desprenderse del padrinazgo que hasta ahora ejerce el gobierno local.
En un tercer rubro para la gobernabilidad, no así en importancia, estará la nueva relación del Ejecutivo con el Poder Legislativo y Judicial. La defensa de la autonomía de cada uno y el respeto al ejercicio de sus atribuciones forman parte del nuevo trato que deberá comenzar a partir del primero de diciembre.
Una relación de poderes entre iguales, que sin sujeción deberán trabajar juntos sobre una nueva pista que le de entendimiento y eficiencia en la solución a las demandas más sentidas de los oaxaqueños.
Dentro de la misma agenda de gobernabilidad el nuevo gobierno tendrá que hacer un análisis muy profundo de una parte que aún parecería nueva, como lo es el estudio de los efectos que está teniendo el cambio climático sobre las distintas regiones del estado. Se tendrá que valorar el establecimiento de un fondo especial para atender a las víctimas de catástrofes naturales, y analizar la implementación de algo que ya sucede en otros países, como lo es el establecimiento de un impuesto verde (o cuota compensatoria a todo aquel ocasione un daño de forma directa por la emisión de CO2 al medio ambiente), una medida bastante justa por cierto, que genera equidad.
Y por último, quizás uno de los retos más grandes de gobernabilidad para los próximos años es la apuesta por la educación. Un compromiso con Oaxaca que tendrá que definirse a partir de una nueva relación entre el gobierno y sus maestros. Para cumplir con la deuda social del Estado con su gente.
Para formar un Oaxaca con bajos índices de delincuencia, e incrementar la ocupación a partir de la generación de nuevos empleos y una inversión de calidad, el nuevo gobierno deberá apostar gran parte de su capital a una política educativa de calidad en cada uno de los niveles. Sólo así, de la mano con la sociedad y los maestros, podremos cumplir con los retos de la gobernabilidad.