Aquiles Córdova / Sombríos presagios de los tiempos electorales que vienen

Oaxaca, Oax. 9 de octubre de 2010 (Quadratín).- El 1 de julio de 2006, víspera de la elección que llevó a la Presidencia a Felipe Calderón, la casa número 84, del Circuito Historiadores, de Ciudad Satélite, en Naucalpan, (entonces en manos del PAN), que era mi domicilio particular, fue asaltada, a eso de las 14 horas, por un comando armado que asesinó a sangre fría al joven indígena huasteco Jorge Obispo Hernández, la única persona que se hallaba en la vivienda en esos momentos.
Por tal motivo, la casa fue cateada a conciencia por los encargados de levantar las diligencias, quedando en ellas detallado todo lo que en ella había y el estado que guardaba en el momento de los sucesos. Por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Antorcha Campesina, ni yo ni el resto de los moradores volvimos a pisar el inmueble, ni siquiera para hacer el recuento de los posibles daños. Desde entonces, la casa permaneció cerrada, y sólo fue supervisada, muy espaciadamente, por los encargados de los bienes de la organización. Fue por eso, justamente, que no nos dimos cuenta cuándo, cómo y por quién, fue ilegalmente ocupada.
A principios de este año se buscó y encontró un comprador para el inmueble. Y fue entonces que, con gran sorpresa nuestra, descubrimos que la casa estaba habitada. Al averiguar qué había pasado, encontramos que los ocupantes exhibían, para acreditarse como propietarios legítimos, una escritura apócrifa, ya que la firma del dueño verdadero estaba burdamente falsificada. De inmediato iniciamos, por supuesto, el procedimiento legal para echar abajo la maniobra jurídica y, gracias al espíritu de justicia (esa es la verdad), de las autoridades del gobierno mexiquense, nos fue devuelta la propiedad. Esto fue en abril del año en curso. Pero ocurrió que, por dos veces consecutivas, gente armada intentó entrar a la fuerza a la casa, y, en la segunda ocasión, se atrevieron a llegar hasta la puerta metálica, que trataron de forzar a golpes y patadas, mientras apuntaban con sus armas a las ventanas detrás de las cuales suponían que se hallaban los veladores. A raíz de esto, reforzamos la guardia, dimos aviso a la autoridad y nos pusimos a investigar con más acuciosidad la identidad y las actividades de los invasores.
Así supimos que nunca vivió allí una familia “normal”; que se veía y oía gente dentro pero que nunca dio la cara y que, de vez en cuando, los visitaba “una pareja” que salía y entraba en su automóvil, sin dejarse ver tampoco directamente. Por otra parte, comprobamos que la identidad de los invasores es un completo misterio que se niegan a revelar, incluso, las autoridades judiciales del caso. De todo ello sacamos la conclusión de que no se trataba de una invasión común y corriente, sino de alguien con poder y relaciones políticas que, por tanto, no necesita vivienda sino, muy probablemente, una madriguera segura para delinquir.
En esas estábamos cuando el sábado 2 de octubre, a eso de las 5 de la mañana, la casa fue nuevamente asaltada por un comando armado y encapuchado, la mayoría portaba uniforme de la Policía Federal, y algunos más traían el inconfundible uniforme militar de camuflaje. Los moradores fueron golpeados, insultados e interrogados por separado con el clásico “es mejor que confieses, pues ya tus compañeros aceptaron tal y tal cosa”.
Al final, dejaron libres a cuatro de los seis detenidos, no sin antes amenazarlos de muerte si contaban la verdad, y a los “dos cabecillas” los trasladaron a la sede de la PGR, ubicada en la avenida 16 de Septiembre, número 784, colonia Alce Blanco, Naucalpan, en donde los siguieron interrogando.
Esto confirma plenamente la responsabilidad de la Policía Federal de Naucalpan en el operativo, pero no así la del Ejército, pues bien pudo tratarse de gente disfrazada para amedrentar más a los detenidos. Con toda la gravedad que lleva implícita el hecho de que los guardianes de la ley se pongan al servicio de la delincuencia, organizada o no, estaríamos de todos modos ante un simple episodio más de corrupción y connivencia policíaca con el mundo del hampa, que todos sabemos, si no fuera por lo que diré enseguida.
Ya en los separos de la PGR, el agente que interrogaba dijo de pronto: “sabemos a qué organización perteneces; conocemos a tus líderes y a ti también, y a toda tu familia; y queremos decirte que en esa casa hay ‘cosas oscuras’, por ejemplo, un sótano con una caja fuerte donde se ocultan documentos comprometedores y dinero. Date cuenta cómo viven tus líderes, qué casas tienen, mientras tú andas arriesgando la vida por ellos”.
“Por eso, para que veas que somos ‘cuates”’ y no queremos perjudicarte, no voy a decir que te detuvimos en esa casa, sino en la calle -jugando con un arma corta y con un ‘ladrillo’ de mariguana. Y si rajas, te vas a morir junto con toda tu familia”.
Ahora bien, nosotros sabemos -cuando menos desde el asesinato de Jorge Obispo- que la Policía, el Poder Judicial y las autoridades políticas de Naucalpan (y de todo el Estado de México), saben de quién es la casa y a qué se dedican sus verdaderos dueños. Por tanto, estamos seguros de que no se trata de un error, sino de una acción premeditada en contra del Movimiento Antorchista Nacional, y el interrogatorio de que hablo así lo demuestra palmariamente. Por otra parte, que la casa pudo ser usada para delinquir, se desprende lógicamente de la vida que hacían los invasores y también de su insistencia en recuperarla a cualquier precio. Por ello, los antorchistas tememos, con fundadas razones, que puede estarse fraguando algún delito grave en nuestra contra, con base en las “pruebas” allí “encontradas”.
Como organización de masas que vota, representamos un peligro para ciertos grupos de poder ante las elecciones locales y federales que se avecinan, y pueden querer nulificarnos con una maniobra de ese tipo. Por eso, debo recordar a todo mundo, primero, que hace cuatro años que ningún antorchista pisa ese domicilio; segundo, que el estado en que lo dejamos consta en autos que no levantamos nosotros, y que tienen validez oficial. Por lo que, cualquier delito o “prueba” sacados de allí, será responsabilidad indudable de quienes la detentaron ilegalmente todo este tiempo. Que conste.