Pide Limedh crear comisión para esclarecer hechos del 16 de julio de 2007

Oaxaca, Oax., 15 de julio de 2010 (Quadratín).- En el marco del tercer aniversario de la brutal represión ocurrida el 16 de julio del año 2007, en donde fueron torturadas y encarceladas injustamente cerca de cuarenta personas y en cuyos hechos casi pierde la vida el maestro Emeterio Marino Cruz a manos de los cuerpos policíacos y funcionarios del Gobierno de Ulises Ruiz, así como el estado de impunidad y abuso de poder que prevalece en la actualidad, por las graves violaciones cometidas a los derechos humanos, queremos denunciar hoy, ante la opinión pública y medios de comunicación, la utilización del Poder Judicial del Estado para eludir la responsabilidad y propiciar impunidad al actual gobierno, a funcionarios del Estado y a jueces responsables de dichas violacione; esto es así, ya que el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Anuar Mafud Mafud, valiéndose de su investidura pública, está ejerciendo ilegalmente, subordinación a sus propios intereses, sobre los jueces Civiles del Distrito Judicial del Centro, en la tramitación de los juicios de responsabilidad civil que se encuentran actualmente ante dicha instancia estatal, y que se tramitan en contra del gobierno, funcionarios y jueces el Estado, por la privación ilegal de la libertad de la que fueron víctimas más de trescientas personas a lo largo de la entidad y 63 sesenta y tres personas más en los diferentes escenarios de detenciones arbitrarias, efectuadas por la Policía Federal Preventiva y corporaciones policiacas del Gobierno del Estado, en fechas 1 primero de noviembre de 2006 dos mil seis, en el puente peatonal de Brenamiel, el 2 dos de noviembre de 2006, en inmediaciones de Ciudad Universitaria, el 25 de noviembre de 2006 dos mil seis en el Centro de esta Ciudad y el 16 de julio de 2007, en inmediaciones del cerro del fortín, ampliamente documentadas; impidiendo con ello, que los jueces del Estado, cumplan con su mandato, de manera imparcial, en su tarea como administradores e impartidores de justicia.
Las 63 demandas están aglutinadas en seis expedientes y los Jueces del Estado que están siendo subordinados ilegalmente por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Anuar Mafud Mafud, son, ELIZABETH ROXANA LOPEZ LUNA y GENOVEVA DULCE JAVIER AGUSTIN, ambas Jueces Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, dentro de los expedientes números 58/2009 y 533/2009; LETICIA GARCIA SOTO, Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial del Centro, dentro de los expedientes 591/2009 y 281/2010; MATILDE SANTOS HERNANDEZ, Juez Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, dentro del expediente 484/2010 y por último, LETICIA MENECES CONCHA, Juez Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, dentro del expediente 281/ 2010.
Los Jueces que está protegiendo el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, propiciándoles impunidad, son responsables de la privación ilegal de la libertad en perjuicio de más de un centenar de personas, durante el conflicto político social del año 2006 y 2007, en Oaxaca, y son ROSALBA MORALES LAZARO, RENATO AURELIO CRUZ CONCHA y MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ GARCIA, quienes actualmente gozan de impunidad, cambiando de adscripción por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia Héctor Anuar Mafud Mafud, para evitar ser legalmente emplazados a juicio, en detrimento de una administración de justicia pronta completa e imparcial, en el Estado de Oaxaca.
Ante la denegación de justicia, la falta de independencia, de garantías de legalidad y de seguridad jurídica que prevalece en el Poder Judicial del Estado y ante la falta de castigo a los responsables por las violaciones graves cometidas a los derechos humanos, durante los años 2006 y 2007, es inminente la cancelación de la vía institucional y de las vías de derecho, para dar cauce a la demanda social de justicia en el Estado.
Urgimos a la necesidad de crear una comisión que termine por establecer la verdad real e histórica de los hechos, tomando como base el dictamen emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Oaxaca, así como la documentación de casos específicos, pruebas y evidencias recavadas a lo largo de los últimos cuatro años, por las Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos, para castigar conforme a derecho a los funcionarios responsables de los más de 25 veinticinco asesinatos, más de 400 cuatrocientas detenciones arbitrarias, tortura, y desaparición forzada, relacionados con ciudadanos, activistas, maestros, simpatizantes y líderes del movimiento magisterial y popular, para que no queden impunes, alentando a los procesos de reparación y desagravio a las víctimas, trabajando para reconstituir finalmente el tejido social gravemente dañado, en aras de promover una reconciliación social autentica y paz social duradera.
Alto al clima de hostigamiento y represión que sufren las y los defensores de derechos humanos, activistas, maestros y simpatizantes del movimiento social en la entidad.
Cancelación automática e inmediata de órdenes de aprehensión y procesos penales en contra de activistas, maestros y simpatizantes del movimiento social oaxaqueño.
Castigo a los responsables de las graves violaciones cometidas a los Derechos Humanos en Oaxaca. “No hay paz sin justicia, no hay paz social sin justicia social, no hay reconciliación social si no hay desagravio con la victimas y castigo a los responsables, si falta castigo a los funcionarios responsables, hay impunidad y si hay impunidad hay abuso de poder”.
JUSTICIA, VERDAD Y REPARACION A LAS VICTIMAS.
“Una Llama encendida por los derechos de los Pueblos” Limeddh-Oaxaca
Isaac Torres Carmona
Responsable del Área Jurídica.