Obtiene Fiscalía de Oaxaca prisión de 75 años por secuestro en la Costa
Oaxaca, Oax. 15 de julio de 2010 (Quadratín).- El responsable del área jurídica de la LIMEDDH, Isaac Torres Carmona acusó al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Anur Mafud de ejercer ilegalmente subordinación a sus propios intereses sobre los jueces civiles del distrito del Centro en la tramitación de los juicios de responsabilidad civil.
En conferencia de prensa, Juan Manuel Martínez Moreno, Emeterio Marino Cruz, entre otros presos y afectados conflictos, dijo que la responsabilidad civil se tramita en contra del gobierno, funcionario y jueces del estado por la privación ilegal de la libertad de la que fueron víctimas más de 300 personas a lo largo de la entidad y 63 personas más en diferentes escenarios de detenciones arbitrarias efectuadas por al PFP y policías del estado.
Mencionó que a las 63 demandas están aglutinadas en 6 expedientes y dijo que los jueces del estado que son subordinados ilegalmente son: Elizabeth López Luna, y Genoveva Dulce Javier Agustín, ambas jueces primero de civil del distrito judicial del centro dentro de los expedientes número 58/2009 y 533/2009.
Otras de los jueces son Leticia García Soto, Juez cuarto civil del distrito judicial del centro, dentro de los expedientes 591/2009 y 281/2010. Matilde Santos Hernández juez quinto civil del distrito judicial del Centro con el expediente 484/2010 y por último Leticia Meneses Concha juez séptimo civil del distrito judicial del Centro, 281/2010.
De acuerdo con el abogado los jueces que protegen al magistrado presidente propiciándoles impunidad son responsables de la privación ilegal de la libertad en perjuicio de más de un centenar de personas, durante el conflicto político social de 2006 y 2007 en Oaxaca y son, Rosalba Morales Lázaro, Renato Aurelio Cruz Concha y María de los Ángeles Vásquez García, quienes dijo actualmente gozan de impunidad.
Narró que las acciones violentas se presentaron el 1 de noviembre de 2006 en el puente de Brenamiel, el 2 de noviembre en inmediaciones de Ciudad Universitaria y el 16 de julio de 2007 en inmediaciones del Cerro del Fortín.
Todo documentado y con esto se impide que los jueces cumplan con su mandato de manera imparcial.
Presentarán un documento a ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para mostrar la sumisión de los jueces ante el magistrado presidente del TSJE.