Llevarán caso Brad Will a la SCJN

Oaxaca, Oax. 17 de enero de 2010 (Quadratín).- El Comité de Liberación 25 de Noviembre requerirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso de Juan Manuel Martínez Moreno, acusado de ser el autor material del crimen del camarógrafo estadunidense Bradley Ronald Will, por existir violaciones al debido proceso legal cometidas por la Procuraduría General de la República (PGR) ante las pruebas insuficientes para imputar el delito de homicidio.
La coordinadora jurídica de la organización civil, Alba Cruz Ramos dijo que existen amplias posibilidades que la SCJN ejerza su facultad para atraer el caso del activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), por su relevancia nacional e internacional.
Dijo “lo estamos considerando porque se requiere que un ministro que quiera hacer estudiar el caso y su posterior atracción. Existen elementos para la atracción como sucedió con los acusados de la matanza de Acteal.”, apuntó.
Esto obedece a que el viernes pasado la PGR interpuso un recurso de revisión en el Juzgado Quinto de Distrito en el estado del Poder Judicial Federal (PJF) por el amparo federal concedido a Martínez Moreno, en contra del auto de formal prisión decretado por el Juzgado Cuarto de lo Penal.
El 30 de diciembre pasado, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado otorgó el amparo a Martínez Moreno, por no existir elementos para ser procesado por el delito de homicidio, pero dio un plazo de 10 días hábiles para la ejecutoriedad de la sentencia y así quedó aún preso en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, en espera de la apelación de la PGR.
Cruz Ramos detalló que el recurso de revisión interpuesto por la agente del Ministerio Público Federal de la PGR, Graciela Becerril, “no sustenta la acusación con pruebas sólidas, alarga nuevamente el encarcelamiento de Juan Manuel y esto podría constituir una violación a sus derechos humanos y a los estándares de un juicio justo protegidos por la Constitución Mexicana y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado”.
“Pensamos que la PGR sería sensata, pero vimos que no, a pesar de que no existen pruebas contundentes porque en el proceso penal existen testimonios vagos, imprecisos, incongruentes y contradictorios, así como pruebas periciales deficientes y carentes de técnica científica”, indicó.