Mónica Zárate / Ni Michoacán ni Colombia, un reto en 2010

Oaxaca, Oax. 7 de diciembre de 2009 (Quadratín).- Se necesita más que buena voluntad, intención y disposición para evitar que el dinero de los cárteles no forme parte del “financiamiento privado” en algunas de las próximas campañas electorales en este 2010.
El 2010 está en puerta, concurrirán elecciones para gobernadores, presidentes municipales y diputados locales en aproximadamente no más de once Estados. ¿Cuántas de éstas entidades federativas cuentan con una unidad de fiscalización con autonomía constitucional o legal de los Institutos Estatales Electorales?, incluso de los pocos o escasos estados que poseen esta unidad con autonomía legal y además con facultades amplias para sancionar administrativamente (no sólo iniciando un procedimiento o imponiendo una multa) y en su caso dar vista al Ministerio Público, sólo se encuentra el Estado de Chiapas.
En casi ningún estado de la República se han hecho iniciativas de ley en este sentido, la mayoría de los Estados poseen estos órganos dentro de la estructura orgánica de los mismos institutos, o sea forman parte de su organigrama y a larga esta razón de peso jurídico, limita y reduce su actuación institucional, porque puede responder en un momento dado a otros intereses, su función se politiza.
El gobierno federal y los gobiernos estatales se enfrentan entre otros grandes retos a que la Unidad de Fiscalización del IFE no es omnipotente y aunque está dotadas de facultades amplias e importantes, como poder investigar en un momento dado desde la precampaña a las personas políticamente expuestas en la contienda electoral (candidatos, colaboradores simpatizantes y militantes), y abrir el secreto hacendario, bancario y fiduciario para tener “cierta certeza” de donde provienen los fondos que se destinan para financiar esas campañas, y que incluso han implementado un programa de auditorías aleatorias a los candidatos, es imposible que su estructura y capacidad fiscalizadora pueda cubrir totalmente a todos los distritos electorales y demarcaciones geográficas y el caso concreto es Michoacán, que no se gestó de la noche a la mañana, porque es muy complicado detectar el dinero en efectivo que se entrega a los precandidatos o candidatos de manera directa y que no pasa por la unidad de finanzas de los partidos políticos a nivel estatal ni nacional, y que sirven para movilizar a las masas durante los mítines políticos y cubrir demás eventos de proselitismo político.
Tendría que tomarse muy en cuenta a propósito, que si se reduce el financiamiento público en los procesos electorales, también se le abre la puerta a otro tipo de financiamiento: los recursos provenientes del narcotráfico y los de las empresas que evaden impuestos y defraudan al fisco.
Sería muy oportuno que los Congresos en los Estados promovieran la autonomía de las unidades fiscalizadoras de los institutos estatales electorales, como instrumentos determinantes para impedir el financiamiento ilícito y que por lo menos estas unidades contaran con autonomía legislativa, (sino es que hasta constitucional) y sobretodo con presupuesto suficiente para que pudieran trabajar coordinadamente compartiendo y cruzando información a nivel estatal con la procuraduría del estado, con el órgano autónomo de transparencia local y con la delegación del SAT y a nivel federal con la Unidad de Fiscalización del IFE con la Procuraduría General de la República, con la Secretaría de Hacienda, Procuraduría Fiscal e Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, porque de esta forma se tendría una inspección y comprobación más efectiva del dinero que ingresa, eroga y se gasta en las campañas, y del perfil y la trayectoria de los candidatos, así como de su desempeño gubernamental en caso de haber sido antes servidores públicos o legisladores en el Congreso Federal o en los mismos estados (sería necesario saber como fue su capacidad gestora en favor de sus representados en el tiempo que ocuparon el escaño).
Por último hay que evitar que gobiernos estatales y municipales e iniciativa privada financien grupos paramilitares con el pretexto de mantener la paz social, porque entonces sí correríamos el grave riesgo de colombianizarnos con el terrible resultado, que después estos grupos superan los aparatos de seguridad del estado y salen fuera del control de los propios gobiernos que en un principio les fueron útiles, llegando en el más remoto de los casos a aliarse y colaborar con los cárteles de la droga para financiar campañas electorales con el objetivo de poder seguir operando en la clandestinidad, pero ya con recursos propios y siendo autofinanciables, porque este tipo de organizaciones paramilitares buscan crecer económicamente, tener injerencia política y perdurar, actuando en la impunidad.