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San Raymundo Jalpan, Oax., 20 de noviembre de 2009 (Quadratín).-El Grupo Parlamentario del PAN, calificó de oscuro y confuso el quinto informe de gobierno de la administración de Ulises Ruiz Ortiz, dado que los cinco ejes estratégicos que lo conforman dejan dudas tanto en los montos y aplicación de los recursos como en el señalamiento de las entidades municipales favorecidas.
En voz de la diputada Perla Woolrich Fernández, el Grupo Parlamentario cuestionó severamente este informe presentado inconstitucionalmente por el Secretario General de Gobierno a nombre del Jefe del Ejecutivo estatal, mismo que corresponde a un quinto año de ejercicio legal caracterizado por la falta de transparencia, desarrollo económico y democracia; así como por la inestabilidad social.
A nombre de los legisladores de Acción Nacional, Woolrich Fernández puntualizó que de acuerdo a dicho informe, las finanzas públicas revelan que seguimos dependiendo sustancialmente de las aportaciones y subsidios federales en más del 96 por ciento, lo que pone de manifiesto el poco o nulo desarrollo de las finanzas del estado.
En el presupuesto ejercido, precisó, la mayoría continúa destinándose a gasto corriente y transferencias, en cuyo renglón se incluye la amortización y servicio de la deuda pública.
Sobre la citada deuda pública, Acción Nacional destaca el vacío que de ella se hace en el informe, es decir, el silencio absoluto que se guarda de su monto o cuantía.
No obstante, de lo divulgado por la página en internet de la Secretaría de Finanzas, sabemos que hasta el 31 de diciembre del año 2008, el saldo de la deuda pública estatal directa e indirecta, ascendía a la cantidad 1 mil 229 millones 68 mil pesos, que representan los créditos contratados por el Gobierno del Estado a través del poder Ejecutivo, con el Banco Nacional de Obra y Servicios Públicos S.N.C. y Scotiabank Inverlat S. A.
Preocupante es todavía más, la nula información sobre el manejo de la deuda pública del estado en la Bolsa Mexicana de Valores, esto derivado de las modificaciones, reformas y adiciones hechas a la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal, reformada el 4 de Septiembre de 2007, por Decreto número 508, debidamente publicado al día siguiente en el alcance EXTRA del Periódico Oficial del Estado.
En lo particular, añadió, el informe está saturado de aseveraciones falaces que en ocasiones rayan en el cinismo y la locura.
Para comprobarlo, subrayó la legisladora albiazul, basta leer simplemente el cuarto párrafo de la foja 169, que trata de la Participación Ciudadana y Pacto Social, que textualmente dice: Durante estos cinco años de trabajo, se ha garantizado con ese sentido el ejercicio legal, democrático y transparente del poder público, y se han establecido los mecanismos legales que fortalecen nuestro estado de derecho y le dan confianza y seguridad a la ciudadanía respecto a los actos de gobierno, con el fin esencial de favorecer decididamente la cohesión política y social, procurando que el ejercicio de los derechos de oaxaqueñas y oaxaqueños se ejerzan y respeten sin perturbar, ni afectar el orden constitucional o legal. Con ello la diversidad y pluralidad política y social en nuestro estado tiene garantizada su expresión a través de los canales legales.
Lo hasta aquí transcrito se contradice con lo que cotidianamente sucede en todo el Estado, o sea, los plantones, marchas, toma de carreteras, edificios públicos y demás expresiones de violencia que el pueblo ejerce para hacer valer su derecho, contrariando con ello lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal.
Explicó que el ejercicio legal, democrático y transparente del poder público tiene una connotación distinta a lo conceptualizado en el informe, dado que hablar de legalidad, democracia y transparencia del poder público, en términos llanos no sólo significa el reconocimiento teórico de los derechos fundamentales de la persona humana, sino también el respetar, promover y garantizar el ejercicio real de estos derechos.
Durante su intervención en tribuna, Woolrich Fernández omitió hacer referencia a los demás rubros del informe por resultar evidente que en Oaxaca carecemos de un gobierno transparente y de calidad, y de una justicia y seguridad verdaderas.
De igual forma, criticó la excesiva difusión del informe por parte del Jefe del Ejecutivo, lo que hace fácil inferir que la excesiva difusión del informe persigue desviar la atención ciudadana para evadir responsabilidades mayores del gobernador Ruiz Ortiz.
Lo anterior, dijo, en aras de dos objetivos concretos: El primero de índole totalmente electoral: favorecer al PRI en las próximas elecciones y el segundo, eminentemente político: limpiar en algo la dañada imagen del primer priista del Estado, quien busca legitimarse a través de los medios de comunicación y apoyarse en la credibilidad de prestigiados líderes de opinión.
Finalmente, la legisladora puntualizó que el informe nada de extraordinario contiene. En lenguaje coloquial se diría que es mucho ruido y pocas nueces. Por lo que en Acción Nacional consideramos además injustificado el dispendio que del erario público se comete para la campaña publicitaria del citado documento.