Mónica Zárate/ El papel de las autoridades locales y municipales y el crimen organizado

Mónica Zárate / Quadratín
Oaxaca, Oax. 4 de noviembre de 2009 (Quadratín).- Resulta incongruente que a pesar de que la reforma de justicia penal establece la competencia concurrente de autoridades administrativas y judiciales locales y federales en la investigación, persecución y sanción del delito de narcomenudeo; no se dote de infraestructura a las policías municipales para que realicen su mejor tarea en auxiliar en la indagación de este delito a los ministerios públicos en los Estados.
Es fundamental que tanto en los Estados como en los municipios se implementen de manera formal y contundente sistemas estratégicos de inteligencia que puedan facilitar la labor investigadora y que además dentro de las mismas estructuras municipales se creen bases de datos, que en un futuro sean conservadas y alimentadas- que exista continuidad en este tipo de programas en el combate al crimen organizado, no se trata que sean de una administración, trienio o sexenio.
Tener una policía municipal mejor preparada, más eficiente, será determinante para apoyar y facilitar la labor investigadora del ejército y de la policía federal en el combate a la delincuencia organizada; todas las corporaciones deben reunir sus mejores esfuerzos para este fin.
El narcotráfico, como en su momento la guerrilla ha permeado y se ha desarrollado con mayor intensidad en los municipios y no sólo en aquellos con mayor rezago económico en los que no se incentivan proyectos de desarrollo regional para combatir la pobreza.
El gobierno federal debe dotar de más recursos, tecnología y capacitación a la policía en los ayuntamientos; y en ese sentido no debe haber distingos políticos, trátese de la administración de que se trate PAN, PRI o PRD; la Federación está obligada a fortalecer a la policía municipal, si realmente quiere recuperar el estado de derecho, y el Presidente de la República ha dado muestras contundentes de que este ha sido uno de los objetivos primordiales de su administración, sólo hay que recordarle que además de su buena voluntad y esfuerzos, los estados y municipios necesitan recursos y reglas de operación sencillas que faciliten el ejercicio del presupuesto que se les destina en temas tan sensibles como la seguridad pública.
Hay que evitar al máximo que la sociedad civil se haga justicia por mano propia, que no ocurra como en su momento con Chiapas, donde proliferaron los grupos paramilitares o en su caso como está pasando en Chihuahua y Nuevo León o en Honduras que ante la imposibilidad de la autoridad de brindar seguridad a los ciudadanos y frenar los secuestros, los empresarios crean sus propias policías y escuadrones de la muerte para salvaguardarse del crimen organizado. La pregunta es qué sucederá con la mayoría de ciudadanos que carecemos de recursos para poder sufragar cuerpos de policía privados ¿acabaremos siendo el único blanco del crimen organizado?
Por otra parte es claro que tanto procuradurías locales como tribunales superiores de justicia tendrán que capacitar ampliamente a su personal para evitar el rezago por las cargas de trabajo que pudieran llegar a originarse en los juzgados al momento de instaurarse los procedimientos judiciales correspondientes –no se pone en duda la capacidad de dichos órganos, pero si es importante precisar que no son diestros en el manejo de este tipo de ilícitos y que además no se cuentan con juzgados y salas penales suficientes para esta materia y tampoco con recursos para lograr la especialización de los órganos judiciales locales en materia de narcomenudeo.