Mónica Zárate / Es necesaria una nueva estrategia en el combate al crimen organizado

Mónica Zárate Apack / Quadratín

Oaxaca, Oax. 6 de octubre de 2009 (Quadratín).- El papel de las fuerzas armadas en el país había estado más enfocado a combatir la guerrilla en el sureste de Guerrero, Chiapas y Oaxaca; ayudar a la población, en general, en casos de desastres naturales implementando planes como el DNIII; y a la destrucción de plantíos de amapola (labor conjunta que venía realizando Sedena con la Procuraduría General de la República).
El personal del Ejército posee disciplina y grupos de élite encargados de realizar operaciones de inteligencia estratégica. Es diestro en el manejo de las armas, pero no tiene mucha experiencia para combatir al crimen organizado en esta lucha tan descarnada que se ha desatado, porque en México no habíamos padecido este fenómeno con tanta intensidad.
Nuestro país era un territorio de tránsito por el que se transportaba la droga de Colombia a la Unión Americana. Luego de que los gobiernos colombiano y americano fueron capaces de desmantelar a los cárteles colombianos, México se ha convertido no sólo en un mercado líder en la venta y comercialización de la droga hacia Estados Unidos, Asia y Europa, sino también hacia el interior del país por el incremento en las adicciones debido al consumo de la cocaína y otros estupefacientes, lo que ha desatado una feroz lucha por el control de las plazas y los mercados nacional e internacional transformando a los cárteles de las drogas en células cada vez más violentas en defensa de sus intereses económicos.
Este es un factor relevante porque no se posee la pericia, el armamento ni la tecnología para enfrentar contundentemente al crimen organizado a tales niveles de peligrosidad y sofisticación de las estructuras criminales.
Lo que conlleva dos fenómenos por un lado, miles de bajas por decesos en ambos bandos (en las fuerzas militares y entre los integrantes de los cárteles) y por el otro, la migración de oficiales del Ejército a las filas del cártel de los zetas.
El reemplazo de civiles por militares en activo o retirados dentro de las secretarías de Seguridad Pública Estatal o Federal, medida urgente que se ha implementado, no es completamente efectiva para garantizar el éxito en la lucha contra la delincuencia porque también la sociedad se enfrenta a otros graves problemas: los abusos de la autoridad y los tratos indignos que en algunos casos cometen los miembros de las fuerzas armadas cuando realizan detenciones, que traen como consecuencia flagrantes violaciones a los derechos humanos, y que son capitalizados por el crimen organizado en su estrategia mediática contra las instituciones militares de este país.
Hay que ser cuidadosos en no desgastar al Ejército Mexicano por mucho tiempo en las calles en funciones de seguridad pública; porque distraemos a las fuerzas armadas de labores propias para las que fueron creadas (la defensa del país en el caso de una guerra) lo cual iría en contravención a los artículo 29 y 89 fracción VI de la constitución federal.
Las quejas ante las comisiones estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se han incrementado en un gran porcentaje en contra de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional en su actuación en la lucha anticrimen por cometer excesos en el cumplimiento de su deber; existen varias recomendaciones dirigidas a las fuerzas castrenses, a las que se les ha señalado por actos de intimidación, tortura, violación, y desaparición forzada. Estas quejas han llegado, incluso, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es importante tomar en cuenta que muchas de estas quejas no siempre tienen un sustento legal, sino que han sido politizadas por las ong’s defensoras de derechos humanos, las cuales suelen ser manipuladas por la delincuencia organizada.
No hay que olvidar que las poblaciones con un alto índice de marginación, legitiman el poder de los narcotraficantes por lo mismo impiden que tanto las fuerzas policiales como las armadas recuperen esos espacios públicos e impongan y reestablezcan el estado de Derecho. A través del narcotráfico la gente encuentra un subempleo y una forma de subsistir.
En general los municipios de nuestro país resultan un blanco fácil donde el crimen organizado puede desarrollar todas sus actividades ilícitas y permear con mayor facilidad en la sociedad, debido a la falta de recursos y presupuesto (estatal y federal) de los ayuntamientos y a la escasa recaudación tributaria que poseen para poder cumplir con los fines primordiales de la actividad gubernamental y garantizar su crecimiento económico y el bienestar social.
El narcotráfico tiende a crear un Estado subalterno al Estado de Derecho porque también genera riqueza.
Es determinante que el gobierno impulse políticas públicas de inserción y participación social para evitar la marginación de todos los sectores de la sociedad.

Foto: Sedena