Desaparecen poderes en San Pedro Jicayán

Oaxaca, Oax. 10 de septiembre de 2009 (Quadratín).- Por las condiciones de ingobernabilidad que privan en San Pedro Jicayán, el Congreso de Oaxaca aprobó la noche de este miércoles la desaparición de poderes y facultó al Ejecutivo para nombrar un administrador en el lugar.
La petición ingresada el 23 de abril de 2009 por el diputado Wilfredo Vásquez López, y estudiada por la Comisión de Gobernación del Congreso local, derivó del asesinato de la dirigente del PRD en ese municipio, Beatriz López Leyva.
El legislador consideró que este crimen fue la consecuencia de la oposición que sostenía López Leyva para la instalación de una gasolinera, por estar pensado en un pozo que suministra agua potable a los pobladores de Jicayán.
“En el PRD tenemos la sospecha fundada que fue el Presidente Municipal Constitucional de San Pedro Jicayán, quien tiene que ver de manera directa con el asesinato que he mencionado y que urdió conjuntamente con otras personas por ahora desconocidas, el privar de la vida a nuestra compañera”, citó el legislador en su petición.
El dictamen no hace ninguna referencia a la muerte del profesor Carlos Norberto Camacho Sarabia, ocurrido también en ese municipio, y por el que la Sección 22 hizo también la petición de desaparecer poderes en ese ayuntamiento.
En su recuento, menciona la agresión a balazos que sufrió la casa de los familiares de la fallecida, considerado una medida de amedrentamiento para que no se investigara su caso.
Además, sustenta el clima de inseguridad para los habitantes el traslado del caso a la PGR y documenta también agresiones a representantes de la prensa escrita, así como de voceadores.
Con esa misma fecha, el legislador solicitó el inicio de una auditoría al ayuntamiento de San Pedro Jicayán durante el período del munícipe Leonardo Silva Palacios.
La desaparición de poderes consideró también la recomendación número 36/2009, de fecha 2 de julio de 2009, relacionada con el expediente CNDH74/2009/1653/Q, por la que solicita medidas cautelares necesarias para la fallecida, además de que pidió también iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente en contra del presidente y síndico de Jicayán.
La Comisión de Gobernación, presidida por el diputado priista Javier Mendoza Aroche, consideró que determinó que es público y notorio que el ayuntamiento de Jicayán está confrontado con una parte de la comunidad, que ha dado origen a conflictos reiterados entre los ciudadanos, acreditándose una causal para la desaparición de poderes.
“Es del conocimiento del municipio la falta de gobernabilidad, tranquilidad, relación cordial y paz social que debe prevalecer en la comunidad; la ausencia de gobernabilidad se traduce en los conflictos de manera reiterada con la comunidad de San Pedro Jicayán, lo que acredita la suspensión del Ayuntamiento para garantizar y recobrar la confianza en las instituciones municipales que tanta falta les hace”, expone el dictamen.
El Congreso consideró “el evidente estado de ingobernabilidad y vacío de autoridad, pues como ya se mencionó dicho órgano colegiado no ejerce sus funciones encomendados constitucional y legalmente”.
Por tanto, el Congreso autorizó al titular del Poder Ejecutivo para que designe a un administrador y se encargue provisionalmente de la administración municipal, hasta que se resuelva en definitiva el procedimiento de desaparición de poderes, que dará oportunidad de defensa al Edil suspendido.