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Carlos Méndez / Quadratín
Oaxaca, Oax. 18 de junio de 2009 (Quadratín).- Adán Pérez Pérez, profesor de educación indígena y padre de Salvador Adán Pérez Ramírez, ex profesor del Instituto San Felipe que se encuentra prófugo por su presunta participación en la violación del menor Luis Felipe González, cuestionó la defensa que los senadores Salomón Jara y Gabino Cué han hecho de una mujer que sólo se dedica a extorsionar incautos, refiriéndose a Leticia Valdés Martell.
Categórico, afirma que ¡es mentira que la Sección 22 (del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), apoye a Leticia Valdés Martell!
Con la pena de saber a su hijo ausente, en calidad de prófugo, Adán Pérez rechazó la versión de que la totalidad de la Sección 22 respalde a Leticia Valdés, pues a él le han mostrado su respaldo algunos profesores de su organización sindical.
Su hijo, Salvador Adán Pérez Ramírez, es señalado en la averiguación previa que inició Leticia Valdés por la presunta violación de su hijo, quien cursaba la educación preescolar en el Instituto San Felipe, en la que está acusada también Magdalena García Soto, presa en el penal de Ixcotel y sentenciada a diez años de prisión, así como Hugo Gabriel Constantino, propietario de la institución.
El también profesor de educación indígena en la región de los Loxichas y miembro de la Sección 22 del magisterio; asegura que su vástago es inocente y sólo es víctima de una mujer que hasta donde sé, sólo se dedica a extorsionar a incautos.
Entrevistado luego de reunirse con algunos profesores de su organización sindical, afirma que él cuenta con las pruebas necesarias para echar por tierra la versión de la madre del menor, Leticia Valdés Martell de que cuenta con el respaldo del magisterio en su lucha por llevar a la cárcel a los supuestos pederastas, entre ellos su hijo.
Revela que ha sostenido reuniones con dirigentes sindicales del SNTE quienes le han asegurado que por el momento la Sección 22 tiene cosas más importantes que atender, como para interesarse por el caso del San Felipe.
Por el contrario, asegura, que la madre del menor recurre a las organizaciones sociales para que le respalden en su lucha la cual sabe esta pérdida.
Lamenta el uso político que a esta situación le han dado los senadores Gabino Cué y Salomón Jara quienes en aras de contar con reflectores, no les importa dañar a oaxaqueños inocentes.
Sobre todo el senador Gabino Cué quien formó parte del gobierno de Diódoro Carrasco quien se distinguió por reprimir a los pueblos de la región Loxicha de donde él (el profesor) es originario.
Aseguró que durante los últimos meses toda su familia ha sido objeto de una persecución policíaca y política por lo que tienen miedo de ser objeto de detenciones arbitrarias, tortura y maltrato y citó los casos de los campesinos Loxichas presos en el penal de Ixcotel a quienes se les acusó de Pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
A los campesinos les fueron violados sus derechos humanos y fueron sentenciados a varios años de prisión y ha quedado demostrado que son inocentes de allí que vayan obteniendo su libertad y eso es lo que ha pasado como mi hijo, comentó.
Consideró que el caso de su hijo Salvador Adán Pérez Ramírez, profesor del Instituto San Felipe y quien se encuentra prófugo debido a que es acusado de haber participado en la violación del menor, es un ejemplo de cómo se aplica la justicia en el estado, donde vale más ser ahijado político de senadores tales como Gabino Cué o Salomón Jara para que se les brinde todo el apoyo.
Lamentó el papel que a la fecha han desempeñado las autoridades impartidoras de justicia en el estado quienes han basado sus resoluciones en difamaciones y mentiras sin una investigación real y apegada a derecho.
Dijo que esto demuestra la impunidad que priva en materia justicia en Oaxaca.
Demandó a las autoridades cumplan con su obligación de hacer respetar el estado de derecho y sean inflexibles en la aplicación de la ley, la cual, dijo, no debe ser negociada y mucho menos politizada como lo han hecho los senadores Gabino Cué y Salomón Jara junto con la madre del infante, Leticia Valdés Martell.
Consideró que la falta de atención a las detenciones ilegales, intimidaciones, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y el encarcelamiento de presos de conciencia, en la entidad no existe una aplicación de la justicia.