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México, D.F. 5 de junio de 2009 (Quadratín).- Con el propósito de adecuar nuestro marco jurídico y ampliar las penalidades en caso de delitos en materia cibernética, el Senador Adolfo Toledo Infanzón, presentó una iniciativa que reformara el Código Penal Federal.
En el marco de la sesión de la Comisión Permanente, Toledo Infanzón resaltó que en la medida en que ha evolucionado la tecnología, la ejecución de delitos a través de estos medios electrónicos se ha convertido en una verdadera amenaza tanto para la economía como la seguridad de las naciones.
Incluso dijo, este escenario provocó que el Consejo de Europa emprendiera un estudio para detectar cuáles serían las directrices más viables de modificar en las leyes en materia penal, teniendo en cuenta el conflicto que generarían dichas penalidades, entre las libertades civiles y la necesidad de protección.
Sin embargo, Toledo Infanzón precisó que lo más valioso que arrojo este estudio, es que estos documentos fueron el precedente de donde surgió el Convenio sobre Cibercriminalidad de 1989 al tiempo que fue punta de lanza para que varios países comenzarán a legislar en la materia, situación que en la actualidad ha provocado que varios países cuenten con disposiciones especiales para penalizar delitos cibernéticos.
Los delitos cibernéticos que han sido reconocidos a nivel internacional son aquellos que tienen que ver con la manipulación de datos de entrada, de programas, de datos de salida, pornografía, turismo sexual, espionaje industrial, sabotaje informático, piratería, tráfico de armas, narcotráfico, robo de identidad y de información, aseveró el representante por Oaxaca.
En este sentido, en México han visto incrementados anualmente estos delitos, así lo demuestran los datos proporcionados por el Departamento de Informática y Telecomunicaciones de la Procuraduría General de la República, quien en el 2004 atendió 668 solicitudes, y para el año pasado la cifra de se ubico en 1800 casos.
De igual forma, el senador del Revolucionario Institucional precisó que nuestro marco jurídico si bien es cierto ha sufrido algunas adecuaciones en la materia, al tipificar como figuras delictivas, a quienes a través de medios electrónicos genere pornografía infantil y ejerza el turismo sexual, estos esfuerzos aún son insuficientes.
La rápida evolución de las tecnologías, exige que se protejan a los usuarios y se consideren a otro tipo de actividades como delictivas, tales como la creación y la modificación de documentos, la fabricación, tráfico y distribución de software, materiales, instrumentos o maquinas que causen daños a sistemas o equipos de cómputo precisó Toledo Infanzón.
Por ello, la propuesta del priísta contempla penalizaciones a quien intercepte alguna comunicación vía electrónica, a quienes sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información en sistemas o equipos informáticos, penalidades que podrían ser de seis meses a dos años de prisión y de cien a 300 días de salario mínimo como multa.
El proceso de evolución e innovación de las tecnologías sigue avanzando y cada día es mayor el número de personas que lo integran a su vida, por tal motivo, es necesario contar con las normas apropiadas que protejan los derechos y sanciones a los infractores, concluyó Toledo Infanzón.