Inversionistas de Huatulco pidieron una “tregua” a la Profepa

Oaxaca, Oax. 28 de febrero de 2009 (Quadratín).- Inversionistas y prestadores de servicios turísticos requirieron una tregua a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para cumplir la legislación ambiental y evitar nuevas clausuras de obras por estar desalentando la inversión.
La Asociación de Promotores Inmobiliarios y Turísticos de Bahías de Huatulco sostiene no querer evadir la Ley, pero si ha habido incumplimiento u omisiones “es por desconocimiento y por mala información de las propias autoridades federales”, argumentó.
El empresario Juan Maurer Spitalier e integrante de la organización aseveró que los desarrolladores han sufrido la clausura de 13 obras en construcción de diciembre a la fecha por carecer de la respectiva manifestación de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, “pero no por no querer cumplir con las disposiciones legales sino por creer en lo dicho por funcionarios de la propia Profepa”.
Dijo que el subprocurador de Recursos Naturales de la Profepa, Ramiro Rubio Ortiz les ofreció un plazo para ponerse en regla porque no se trataba, según él, “de clausurar y afectar a los inversionistas”.
Sostuvo que un estudio de impacto ambiental o de cambio de uso de suelo “no cuesta poco” porque oscila entre los 30 y 35 mil pesos, independientemente del pago de derecho en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de aproximadamente 20 mil pesos.
El inversionista de origen vasco aseveró que la clausura de los proyectos de desarrollo ha provocado actualmente la pérdida de unos 500 empleos y ha alejado la inversión de por lo menos 700 millones de pesos.
Señaló al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a quien también la Profepa impuso una multa de un millón 600 mil pesos por no respetar ordenamientos legales en dos construcciones, de ser corresponsable de la afectación porque supuestamente “tenía ya los estudios de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo al vender los terrenos a los desarrolladores”.
“Eso nos dijo (el Fonatur) cuando vendió los terrenos, pero vemos que no es cierto, aunque así se ha construido Huatulco (sin los estudios) en los últimos 20 años”.
Por su parte, la delegada de la Profepa Laura Aguilar Chagoya informó que tres de 13 empresas clausuradas se han allanado a los procedimientos administrativos iniciados en su contra.
“Los proyectos denominados “El Violín”, “Villamar Chahué” y “Hotel La Isla Inn”, pagaron las multas y presentaron propuestas para compensar y restaurar los impactos ambientales generados”, precisó.
En entrevista anunció que la dependencia federal continuará realizando visitas de inspección a proyectos de desarrollo turístico, en materias de Zona Federal Marítimo Terrestre, Impacto Ambiental y forestal.
Dijo que de conformidad con lo previsto en los artículos 164 y 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, respectivamente, están transcurriendo los términos de cinco y quince días hábiles para que los afectados expongan lo que a su derecho convenga.
Una vez fenecido el término legal correspondiente, “se continuará con la substanciación de los procedimientos administrativos respectivos, emitiéndose las resoluciones con las sanciones a las que se hagan acreedores”.
Concluyó diciendo que no existe una disposición legal que permita hacer una tregua o no aplicar la ley.