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OAXACA, Oax. 24 de octubre de 2013 (Quadratín).- Al reunirse con el Gobernador Gabino Cué Monteagudo, la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), María de los Ángeles Fromow Rangel, señaló que en la aplicación del Sistema Acusatorio Adversarial o Juicios Orales, el Gobierno de Oaxaca está cumpliendo y avanzando para alcanzar la meta de que en el año 2016, este esquema de justicia se esté aplicando a lo largo y ancho del territorio estatal.
En el encuentro, que tuvo lugar en Palacio de Gobierno y en presencia del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado –quien también es presidente del Consejo de la Judicatura- Alfredo Lagunas Rivera, el mandatario dijo que el estado de Oaxaca es referente a nivel nacional en la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial, cuya modalidad en materia de procuración e impartición de justicia brinda cobertura al 50 por ciento de la población total del estado.
Gabino Cué Monteagudo anunció que el próximo año, en los Valles Centrales se instalará el Tribunal de Juicios Orales, seguido por la región de la Cañada en 2015 y finalmente en el ejercicio 2016 se establecerá este nuevo modelo de justicia en las regiones de la Sierras Norte y Sur. Con estas acciones–dijo- la entidad está a la vanguardia de la modernización de los procesos de impartición de justicia del país.
El jefe del Poder Ejecutivo señaló que Oaxaca sigue colocándose como un estado garante en la aplicación del Estado de Derecho, mejorando sustancialmente los procedimientos penales con cabal respeto a las garantías individuales y cumpliendo de esta manera los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.
En tal sentido, la funcionaria del Gobierno Federal destacó que la puesta en marcha del Tribunal para los Juicios Orales en el distrito de Tuxtepec, inaugurado por el Gobernador Gabino Cué Monteagudo el pasado 27 de septiembre, es un paso más que fortalece este sistema y la guía para la implementación de la nueva Justicia Penal en el país.
En este marco, Fromow Rangel refrendó el apoyo del Gobierno Federal para que la entidad continúe avanzando con pasos firmes y se cumpla la meta establecida para el 2016, “porque Oaxaca ha sido una entidad pionera en esta materia y viene realizando un trabajo trascendente que se va a fortalecer ahora con el apoyo de la Federación”, recalcó.
Asimismo, indicó que a través de la Secretaría de Gobernación, se buscará apoyar al Gobierno de Oaxaca para gestionar fuentes de financiamiento que permitan atender las necesidades que se requieren en materia de tecnología, equipamiento, capacitación y difusión de este nuevo sistema.
En tanto, el Gobernador Cué Monteagudo destacó que a la fecha suman cuatro las regiones que cuentan con este sistema (Costa, Istmo, Mixteca y Tuxtepec) donde ya opera este modelo de procuración e impartición de justicia, que está ofreciendo beneficios a poco más de dos millones de oaxaqueños.
Este conjunto de acciones – agregó- ha sido posible gracias a la participación decidida de los Tres Poderes del Estado -representados en el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal- contando además con el respaldo de la Federación, cuyo apoyo ha sido fundamental para la adecuación y equipamiento de las nuevas salas de juicios orales, así como en la capacitación de jueces, ministerios públicos y defensores de oficio, destinando una inversión superior a los 150 millones de pesos.
Dijo que a través de este moderno sistema de juicios orales se privilegia la conciliación y la mediación entre las partes, por lo que se también se adoptarán nuevos mecanismos de justicia restaurativa que garanticen mayor eficacia, eficiencia e imparcialidad de los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de la Ley en el estado.
Presentes en el encuentro el magistrado José Nieves Luna Castro, titular de la Unidad de Implementación de las Reformas Penal de Juicio de Amparo y Derechos Humanos del Poder Judicial de la Federación, así como el procurador general de Justicia, Manuel de Jesús López López.