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OAXACA, Oax. 4 de noviembre de 2013 (Quadratín).- A propuesta del grupo parlamentario del PRI y con el objetivo de prevenir y erradicar cualquier forma de victimización, así como proteger a las víctimas, Oaxaca cuenta ya con una ley que defenderá, atenderá y asistirá en forma integral a este sector.
Así lo señaló el presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura estatal e impulsor de esta legislación, Max Vargas Betanzos, quien dijo que de esta forma se trabaja en la reformulación del sistema penal, pero sobre todo, se reconocerá a las víctimas del delito los derechos que se les ha negado.
En entrevista, el diputado de la fracción priista agradeció el respaldo unánime de las demás fracciones parlamentarias, quienes “actuaron con absoluta responsabilidad al aprobar la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas del Estado de Oaxaca, misma que tiene suficientes bondades, pero principalmente es una respuesta al reclamo de la sociedad que exige que sean atendidos sus intereses”.
“El PRI se encuentra convencido de que un sistema penal que pretenda ser coherente con el modelo de Estado social y democrático de derecho, debe buscar la humanización del sistema penal, es decir, procurar que éste tenga una estructura comprensiva del hombre, para lograrlo, es preciso que se oriente en primer lugar hacia las víctimas”, enfatizó.
Aseguró que esta ley es un esfuerzo del grupo parlamentario priista con lo que “ratificamos nuestro compromiso de seguir en esta misma ruta de reformas, por lo cual, uno de los objetivos de esta iniciativa constituye la construcción de una política de Estado”.
Afirmó que esta iniciativa es consecuencia y resultado de la modernización de nuestra Carta Magna, de la ampliación del catálogo de los derechos fundamentales, de un nuevo sistema de justicia penal en desarrollo y del fortalecimiento de un Poder Judicial sólido, efectivo y apto.
A través de esta ley se creará el Fondo de Apoyo y Auxilio a las Víctimas, misma que establece que las víctimas del delito deberán ser tratadas con comprensión y respeto a su dignidad, salvaguardar sus intereses, aumentar su confianza en la justicia penal y alentar su cooperación.