Avanza la rendición de cuentas como política de Estado: Colmenares
OAXACA, Oax. 4 de diciembre de 2013 (Quadratín).-La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca abrió el cuaderno de antecedentes por el asalto que cometió un grupo armado a unas 300 personas migrantes que viajaban en el tren de carga denominado “La Bestia” .
Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes dos de diciembre en el tramo Corazones-Chahuites, en territorio oaxaqueño, cuando con disparos al aire el grupo armado obligó a las personas migrantes a descender de los vagones, para después golpearlos y amenazarlos con machetes y armas de fuego mientras les quitaban su ropa y dinero.
Ante estos hechos la DDHPO solicitó a la Fiscalía Especial de Atención a Migrantes que iniciara el legajo de investigaciones correspondiente, además solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública, para que a través del sexto sector de la Policía Estatal en el municipio de Espinal, implemente las medidas de seguridad necesarias y suficientes en el tramo ferroviario que comprende de Chahuites a Ciudad Ixtepec, así como de ciudad Ixtepec a Estación Uvero.
Este organismo público, autónomo y ciudadanizado el 10 de septiembre del 2013 inició el cuaderno de antecedentes después de que dos personas migrantes denunciaron que habían sido extorsionadas en las vías del tren por varias personas, debido a esto se solicitó a la Fiscalía Especial en Atención a Migrantes para que iniciará las investigaciones correspondientes y también se pidió a la secretaría de Seguridad Pública que brindará seguridad e implementará recorridos en las inmediaciones de las vías del tren para prevenir actos delictivos contra las personas migrantes.
La Defensoría, como organismo defensor de derechos humanos reitera que la situación migratoria irregular de una persona no les supone una pérdida de sus derechos humanos, pues la permanencia ilegal de una persona en un territorio no exime al Estado de la obligación de proteger sus derechos humanos.
La DDHPO hace un llamado a todos los niveles de gobierno para que de acuerdo a sus atribuciones coadyuven en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes que son un grupo en situación de vulnerabilidad y dando cumplimiento a los tratados internacionales que en la materia a firmado el Estado Mexicano.