David Colmenares / Signos y señales / Una nueva convención hacendaria

OAXACA, Oax. 3 de enero de 2014 (Quadratín).-Empezamos 2014, en pleno siglo 21, un año después de la aprobación de las reformas aprobadas en 2013, con promesas por cumplir para mostrar a los ciudadanos que la apuesta fue correcta, ya que ellos votaron por las mismas en el proceso electoral de 2012, cuando era evidente que el resultado de lo realizado en los seis años del Gobierno anterior, fueron deficientes para el bienestar de la ciudadanía, con incrementos importantes en el número de mexicanos empobrecidos, sobre todo en indigencia o pobreza extrema.

Con mayor deuda pública, externa e interna, desequilibrios regionales y una crisis fiscal en los órdenes estatal y municipal con pocos precedentes.

Con una profundización de la estructura de la desigualdad, concentrándose los ingresos y los pocos beneficios del exiguo crecimiento económico en un reducido número de ciudadanos. Lo mismo a nivel de las haciendas públicas de los tres órdenes de Gobierno: concentrando el orden central o federal la mayor parte del potencial recaudatorio de los impuestos nacionales. Somos el País de la OCDE con una mayor concentración recaudatoria en el nivel central, también respecto a América Latina, dependemos más que ninguna de la recaudación proveniente de una sola materia prima, casi dos quintas partes de los ingresos tributarios provienen de la imposición al petróleo.

Lo reducido de los ingresos de las EF y municipios, en su nivel real de hace cinco años, y su gran dependencia de decisiones centralistas, hacen que tengamos un federalismo “centralizador”, incluso en mayor grado que en países unitarios.

Con la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 1980, las entidades federativas dejaron en suspenso facultades tributarias que la Constitución les permite tener, concediéndoles a  cambio el orden central participación en la recaudación de esos tributos, partiendo de la base que se evitaba la doble tributación y se hacia más eficiente la administración centralizada de os impuestos concurrentes.

Finalmente el porcentaje participable se estancó en 1995, quedando para las 32 entidades federativas alrededor del 17 por ciento de lo que se llama recaudación federal participable (rfp) y un poco más de 5 por ciento para los 2 445 municipios del País. La rfp no incluye todos los ingresos federales, como es el caso de los petroleros, sólo un porcentaje que rebasa dos terceras partes de los mismos.

En fin es claro que se tiene que revisar tanto la distribución de potestades tributarias, como el porcentaje participable.

Es un tema pendiente, el de la descentralización fiscal en la Agenda de reformas, requiriéndose en este caso, una reforma estructural.

Ante el retorno de tendencias y decisiones centralistas, se requiere fortalecer los ingresos de los tres ordenes de Gobierno, para poder dar suficiencia al gasto público, a partir de la revisión de las facultades impositivas de cada uno, recuperando para las entidades federativas, facultades de mayor potencial recaudatorio. También por supuesto, revisar la distribución de responsabilidades de gasto, así como el uso de indicadores de desempeño, la homologación de la contabilidad gubernamental y el fortalecimiento de las transparencia y la rendición de cuentas.

Por ello hoy readquieren importancia los consensos de la Convención Nacional Hacendaria, como elementos para iniciar  las reformas pendientes, que consoliden un federalismo descentralizador, que impulsen un desarrollo desde las regiones y que fortalezcan los ingresos tributarios, regresando ciertas facultades impositivas a las entidades federativas –como personas físicas- y potenciando la colaboración  administrativa en materia fiscal federal, aprovechando la buena voluntad del SAT y las SHCP para hacerlo.

Retomar entonces los 341 Acuerdos tomados por consenso, las 50 acciones ejecutivas y las propuestas que siguen vigentes y pendientes desde 2004. Muchos de los actores de la misma siguen vigentes, como Gobernadores o como senadores y diputados.

El tiempo es oportuno para iniciar un ejercicio institucional de diálogo, análisis y debate entre los tres órdenes de Gobierno, los tres poderes, el Congreso de la Unión, los congresos locales y la sociedad civil.

Apostemos a una Segunda Convención Nacional de las Haciendas Públicas.

*Ha sido Presidente del Colegio Nacional de Economistas.

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