Samael Hernández / Oaxaca soberana: una nueva ley de educación

OAXACA, Oax. 11 de marzo de 2014 (Quadratín).- A la reforma educativa en México se le están venciendo los plazos de manera tan inexorable como el paso del tiempo. El día 12 de marzo es el límite  que  establece el artículo  tercero transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para que los gobiernos de los estado “armonicen” las leyes estatales  con las correspondientes federales. Dos día antes de la fecha última, en Oaxaca, el gobierno del estado hizo pública, junto con la Sección 22 del SNTE y la representación del poder legislativo, una “declaración política” que refiere al propósito de los involucrados de “construir” una nueva ley de educación para Oaxaca.

Los acontecimientos, en tanto simplemente ocurren, nos parecen sin precedentes, como el que acabamos de mencionar. La declaración a la que me he referido ocurrió  en el Teatro Macedonio Alcalá, durante la firma del acuerdo para ir hacia una nueva ley de educación; evento al que acudió el gobernador Gabino Cué Monteagudo; Rubén Núñez Ginés, secretario general de la Sección 22; Alejandro Avilés Álvarez, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura; Jesús López Rodríguez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado y el director del IEEPO, Antonio Iturribarría Bolaños Cacho.

Este hecho inusitado tiene en parte su origen en las decisiones que tomó  la Sección 22 desde enero de este año, después de su desastroso regreso de la ciudad de México, donde alentaron una protesta que después abandonaron. En efecto, en su asamblea del 11 de enero de 2014, la S22 acordó integrar una comisión multidisciplinaria para que “elaboren la ruta para incidir en la Ley Estatal de Educación de manera inmediata para ser avalada por la Asamblea Plenaria y Asamblea Estatal, realizando foros en los 37 sectores para su difusión y conocimiento de la sociedad en general.” (Acuerdo 21)

En su asamblea del 13 de febrero, los maestros oaxaqueños de la CNTE acordaron incluir al IEEPO en la mencionada comisión multidisciplinaria y precisaron los términos en los que buscarían modificar la ley estatal de educación, esto es, sin respetar los tiempos que marcó el congreso federal (Acuerdo 26). Además, según el acuerdo de la S22, la comisión multidisciplinaria, es decir el gobierno del estado, deberá resumir y asumir lo que concluya la consulta ( no la consulta al pueblo de Oaxaca, sino a los 37 sectores del magisterio), para remitir dichas conclusiones al congreso local y apruebe ( así dice,¡apruebe!) lo que se le envíe.

El 8 de marzo, la asamblea estatal volvió a sesionar y su acuerdo, entre otros, fue que : “Avala la instalación de la Subcomisión integrada por el Gobierno del Estado, el Congreso Local y la Sección XXII, que se elabore el acta constitutiva de la misma para garantizar el compromiso de las partes integrantes y realicen la declaración política de manera conjunta de inmediato” (Acuerdo 22. Sí, leyó usted bien, dice “… de manera conjunta de inmediato”); y así se hizo, de inmediato. El acto se realizó el  día 10 de marzo, porque el domingo 9 fue inhábil, el poder ejecutivo y legislativo, guiados por los representantes del magisterio leyeron la declaración política encomendada, supongo que en los términos que dictó el magisterio. Insisto en que  el 12 de marzo se cumple el plazo para armonizar nuestro marco jurídico con la CONSTITUCIÓN FEDERAL y sus leyes secundarias; no abundo sobre las posibles consecuencias del desacato del gobierno del estado a nuestra Carta Magna, porque sé que Oaxaca  tiene  buenos abogados, varios de ellos excelentes constitucionalistas que podrían analizar mejor el tema; pero en todo caso, la Sección 22 seguirá con sus acciones de protesta como si nada hubiera pasado.

Hace unos días el Dr. Carlos Ornelas, en su artículo,  El eslabón débil: los gobernadores(Excelsior 05/03/2014), refiriéndose a la reforma educativa federal concluía: “No le veo futuro a un camino autoritario, pero los gobiernos locales no son de confiar. El gobierno central puede imponer estrategias, pero si no encuentra soporte político convencido, están destinadas al fracaso. ¿Cómo le hará la SEP para traer al carril a los gobernadores sin avasallar a los estados?”

Al respecto, creo que el gobierno federal podría poner en activo algunos instrumentos que alentaran la reforma educativa en los estados. Primero habría que dejar sin efecto el ANMEB-92, y establecer un marco de convenios para el desarrollo educativo con cada uno de los estados para definir  metas que contribuyan a las nacionales, pero que también atiendan a las prioridades estatales. Un esquema similar a este se puso en práctica con el secretario Fernando  Solana (1977-1982).

Lo anterior implicaría, entre otras cosas, un sistema de planeación y evaluación que opere para definir  el ámbito programático y la materia de los convenios de desarrollo; consecuentemente el marco normativo tendría que modificarse para regular las nuevas condiciones de la relación estados-federación. En los nuevos  términos, la administración de los servicios podría quedar en manos del gobierno federal y las acciones para el logro de las metas convenidas estaría a cargo de los estados, así como los recursos de cada programa. El  seguimiento y evaluación serían materia de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Los recursos  de la nómina, mantenimiento de infraestructura, libros de texto, material didáctico y algunos otros, formarían parte del irreductible del presupuesto estatal. La parte del presupuesto  asociado a las metas programáticas tendría que ser   variable, quizás una variante del presupuesto llamado Base Cero.

Desde luego lo ideal sería que bajo la política imaginada,  los recursos de las prestaciones comprometidas con las secciones del SNTE,  que no estuvieran consideradas en el cuadro nacional de prestaciones, entraran como componente del presupuesto base cero, para ser considerados como insumos para  el logro de  metas.

No tengo noticias de que algo parecido se haya propuesto en las mesas de análisis entre los gobiernos estatales y el federal. De un lado impera la simulación, el desacato abierto o sotto voce y en el otro la actitud autoritaria y vertical.

Por lo pronto, en Oaxaca la Sección 22 logró un éxito mediático al poner en evidencia su capacidad de control sobre el gobierno del estado, al grado que el líder magisterial declaró que la decisión de firmar dicho acuerdo fue porque se les permitirá realizar cambios institucionales en el sistema educativo estatal, ello, con la participación de todos los sectores involucrados en el proceso educativo, quienes “deben tomar en cuenta la realidad de nuestra entidad”; además agregó:  que se respetarán los logros obtenidos por los trabajadores de la educación, los cuales incluyen uniformes, desayunos escolares, útiles escolares y avances en materia laboral y salarial.

Todo parece estar  preparado para que en el centenario del movimiento en el que Oaxaca recuperó su soberanía (1915-1920), ésta entidad se convierta  en territorio libre, cuya soberanía se exprese ahora en la Asamblea Estatal de la Sección XXII de la CNTE; ahora sí, todo con mayúsculas.

Saludos afectuosos