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OAXACA, Oax. 5 de abril de 2014 (Quadratín).- El Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR, Renán Cleominio Zoreda, enfatizó que la institución fortalece y capacita a agentes del Ministerio Público de la Federación y sus servicios periciales para atender los delitos ambientales en el país.
“Los delitos cometidos en materia ambiental dañan un bien jurídico tutelado, hacen un daño directo y a veces irreversible a un ecosistema, a una cadena de vida; se trata por tanto de un daño social que pone en riesgo la continuidad de la vida y el equilibrio de miles de especies”, puntualizó Zoreda Novelo, al participar en el foro El Futuro de la Justicia Ambiental en México: “Los retos que representan el sistema penal acusatorio en materia ambiental”, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Subrayó que el acceso a la justicia ambiental, debe de procurar la prevención y determinar el mecanismo para la restauración y conservación del medio ambiente, así como la reparación del daño ambiental causado.
En este sentido, el Subprocurador Zoreda explicó que la forma de proceder de las policías y ministerios públicos, deberá establecerse en un nuevo modelo de actuación y nuevos protocolos para la investigación, en los cuales las pruebas confesionales y testimoniales deberán tener cada vez menor relevancia y deberá desplazarse el eje investigador hacia la prueba científica.
“Ello supone, otro tipo de policía e investigador, que se centre más en conocimientos técnicos y científicos que permitan descubrir la verdad de lo ocurrido, así como el apoyo de peritos expertos en materia ambiental. Toda esta labor de coordinación, bajo la tutela del fiscal o agente investigador deberá permitir, según los casos: la descripción del medio afectado, la obtención de indicios o muestras incriminatorias, su análisis y finalmente, la valoración del desequilibrio ecológico desde el punto de vista ambiental, criminal y legal”, explicó.
El objetivo, sostuvo, es lograr la formación de profesionistas con las habilidades argumentativas, discursivas, de control y dominio psicológico que construya coherentemente una teoría del caso, la cual deberá fortalecer en la audiencia de juicio oral que finalmente lleve a un convencimiento total de la verdad jurídica de los hechos, que culmine con la obtención de una sentencia condenatoria que lleve implícita la reparación o compensación del daño causado al medio ambiente.
Agregó que la investigación de los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, así como los retos que esto implica ante el sistema penal acusatorio, requiere la intervención de diversas organizaciones y especialistas que asesoren al investigador sobre las características de la contaminación, el valor del medio o del recurso natural afectado, así como sobre el modo más conveniente de obtener evidencias que definan la magnitud del daño, el cómputo de víctimas y la asignación de responsabilidades.
“Que el resultado del proceso sea respetado por su legalidad y que por haber llevado el proceso en el marco del sistema penal acusatorio cada decisión cuente con indudable legitimidad”, concluyó.