Prevalece impunidad en agresiones contra periodistas, señala CNDH

Indicó que del total de casos registrados relacionados con homicidios y desapariciones de periodistas, así como de atentados a medios de comunicación, sólo 19 por ciento de las investigaciones se consignaron ante un juez.

Mientras que sólo 10 por ciento de estos casos terminaron en sentencia condenatoria, «lo que arroja un índice de impunidad de 89 por ciento», sostuvo el organismo en un comunicado.

Informó que en agosto de 2013 emitió su recomendación general número 20, en la que advirtió que la impunidad obedece a que al integrar las averiguaciones previas, las autoridades ministeriales incumplen con su obligación de investigar y recabar pruebas.

Ello, abundó, para llegar a la verdad de los ilícitos cometidos contra comunicadores, como homicidios, desapariciones, atentados, lesiones, amenazas e intimidación, entre otras.

Refirió que las autoridades encargadas de la seguridad pública tampoco lograron, en otros supuestos, inhibir a los agresores o desarrollar políticas públicas en materia de prevención del delito, tendentes a impedir la violencia que aqueja al gremio, lo cual constituye, por acción o por omisión, un aliento a la impunidad.

Lo anterior, enfatizó, constituye actos que vulneran los derechos humanos a la vida, integridad y seguridad personal, así como a la seguridad jurídica y, en consecuencia, a la libertad de expresión.

Informó que, mediante su Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, del 1 de enero de 2010 al 28 de febrero de 2014 recibió un total de 347 expedientes de queja relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de comunicadores y medios de comunicación.

Indicó que de 2000 a la fecha, tuvo conocimiento de la muerte de 88 periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados, presumiblemente, por razón de su trabajo, mientras que de 2005 a la fecha, documentó la desaparición de 20 profesionales de la información, así como 41 atentados a medios de comunicación de 2006 a la fecha.

Recordó que en la recomendación general número 20 solicitó al secretario de Gobernación, gobernadores, jefe de Gobierno del DF, al comisionado nacional de Seguridad, secretarios de Seguridad Pública locales, al titular de la PGR y a los estatales garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes, para que el desempeño de los comunicadores no se vea coartado ni amenazado.

Además, solicitó la implantación de políticas públicas tendentes a garantizar su seguridad, especialmente para quienes cubren situaciones de riesgo, promover adiciones y reformas necesarias a las leyes y capacitar en materia de derechos humanos y libertad de expresión a los servidores públicos.

Asimismo, impulsar un sistema de seguridad pública efectiva, completa e independiente, a fin de prevenir y disuadir las agresiones contra los integrantes del sector periodístico.

También pidió integrar indagatorias eficaces, para agotar todas las líneas de investigación e implementar y aplicar de manera permanente las medidas necesarias para impulsar un combate a la impunidad, para que a la brevedad se resuelvan las averiguaciones previas procedentes.