Coahuila y la paz
MÉXICO, DF. 29 de agosto de 2014 (Quadratín).-Cuando usted termine de leer estas líneas, unos 200 mil pesos del presupuesto educativo habrán sido desviados. El torrente de recursos públicos que termina en el despilfarro –o el robo–, asciende a 95 millones de pesos diarios, 35 mil millones al año según Mexicanos Primero, organización que tuvo la creativa idea de hacer pública la velocidad del desfalco con su abusómetro –finalabuso.org.mx–, lanzado la víspera del inicio del ciclo escolar.
En su momento, Claudio X. González calificó el abuso como “el robo del siglo”, aunque sus estimaciones podrían quedar cortas.
Las cifras tenebrosas de Mexicanos Primero engordan y se desbordan con el estudio “Censo Educativo. Radiografía del Dispendio Presupuestal”, elaborado por México Evalúa.
El documento, basado en el Censo Educativo del INEGI, no deja títere con cabeza; revela un gran desorden en la nómina magisterial… lo cual ocasiona un dispendio brutal que podría sumar 51 mil millones.
El estudio –dirigido por el investigador Marco Antonio Fernández– confirma la existencia de 30 mil 695 maestros comisionados a labores no docentes, y 39 mil 222 profesores “aviadores”; también hay muertos, quienes cada quincena regresan del más allá a cobrar puntualmente su cheque… y eso es delito. No son pocos quienes lo cometen. Entre finados y jubilados suman casi 115 mil.
Por si fuera poco, también se encontraron 426 escuelas fantasma, sin plantel ni ubicación física… pero eso sí, con presupuesto.
Por mucho, o por poco, ningún estado del país se salva. Yucatán es campeón en número de maestros comisionados, y Chiapas en aviadores, Morelos, el que más paga a muertos y jubilados, mientras Querétaro destaca por mantener a profesores trabajando en escuelas distintas a las que oficialmente tienen asignadas.
Los datos son duros pero insuficientes.
En Oaxaca, seis de cada 10 profesores se negó a responder el censo del INEGI; en Chiapas, fue rechazado en el 41 por ciento de las escuelas.
Si estos datos le ponen a usted los pelos de punta, prepárese. El censo educativo, si bien revela el cochinero con el que se maneja la nómina del magisterio, aún está incompleto. Resulta que los datos obtenidos no pueden ser procesados al 100 por ciento. El IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) dio a conocer la semana pasada que sólo ha sido posible conocer las respuestas a 64 de 432 preguntas aplicadas por los encuestadores… apenas el 16 por ciento.
Además, el “Índice Estatal de Transparencia del Gasto Educativo” ha quedado en un simple sueño guajiro… los datos no son confiables, pues las autoridades estatales se han encargado de llenar y publicar los formularios oficiales como les pegó la gana.
El 52 por ciento de los documentos del último ciclo escolar fueron elaborados de manera incorrecta. El 18 por ciento se llenaron con datos que no aplican. El seis por ciento llegó tarde, y el ocho por ciento simplemente no llegó. Sólo el 12 por ciento de los documentos sirven para el análisis. Quintana Roo y Tamaulipas, de plano ignoraron la obligación informativa.
En resumidas cuentas, el Censo Educativo del INEGI, que costó 700 millones de pesos, cumple a medias. Permite estimar los grandes abusos y los grandes rezagos, nos ofrece una fotografía más o menos nítida de un gran desastre nacional, pero también exhibe la displicencia y falta de compromiso de las autoridades estatales y de la Secretaría de Educación Pública federal, que a cuatro meses de terminado el censo, ni pio dice sobre los resultados y menos sobre la soluciones… y eso irrita.
DE VOLADA: Se espera que el próximo 4 de septiembre, por fin el presidente Peña Nieto anuncie el proyecto de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; dirá que es ampliación del viejo… y mientras, Mexicana cumplió cuatro años con las alas rotas.
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