Diferencias entre un estúpido y un idiota
OAXACA, Oax. 8 de septiembre de 2014 (Quadratín).-Sigue siendo un tema pendiente en la agenda política del país, el replanteamiento del acuerdo fiscal, agotado desde hace años, como puede observarse ante la crisis creciente de las finanzas de las entidades federativas y los municipios, cuyas señales son cada vez más claras – como el endeudamiento y los pasivos laborales- , lo que ha deteriorado sus condiciones hacendarias, así como la imposibilidad de cumplir con suficiencia sus necesidades de gasto público.
En un contexto centralizado, que nos asemeja más a un estado unitario, que a uno federal, que sería aquel con tres órdenes de gobierno fiscalmente fuertes, con una dotación de servicios públicos más o menos homogénea. Considerando además la desigualdad que existe en los niveles de desarrollo entre las entidades federativas, así como la pobreza de un número muy grande de mexicanos.
Un nuevo Pacto Fiscal, implica un federalismo basado en la descentralización y un mejor reparto de los recursos de libre disposición entre los órdenes de Gobierno, lo que significa una descentralización del poder tributario. En la Primera Convención Nacional de las Haciendas Públicas realizada en 2004, se trabajó en una agenda integral, al considerarse los temas de gasto –en primer lugar-, ingresos, deuda pública, coordinación fiscal, desarrollo y simplificación administrativa, transparencia, armonización contable y rendición de cuentas, entre otros temas.
Un buen ejercicio, que partió de la práctica del consenso y una participación activa de los tres órdenes de Gobierno, así como del Poder Legislativo y la sociedad, ahí está el testimonio, y los más de 300 acuerdos por consenso.
Sin embargo, en los administrativos se avanzó, pero en los de carácter legislativo, no pasó mucho, quizás porque los legisladores sólo tuvieron voz, aunque algunos participaron muy intensamente como Demetrio Sodi y Diana Bernal en la mesa de ingresos.
Los gobernadores estuvieron al frente de muchos de los temas, y presentes en todos los acuerdos. Algunos de los gobernadores de la Convención, como Patricio Martínez o Romero Hicks, hoy están en el Senado, otros en el Poder Ejecutivo, lo que significa que en un nuevo pacto serían actores fundamentales. Hay que aprovecharlo.
No se debe excluir a los municipios, por ejemplo se han dado cambios legales que les afectan, sin que se les haya tomado en cuenta, como la anulación del potencial recaudatorio del impuesto a la tenencia –por lo menos el 20 por ciento les correspondía-, el fraccionamiento del Fondo de Fomento Municipal –reducido al 15 por ciento y el otro 85 para los municipios de los estados coordinados en derechos-, así como la obligación de firmar acuerdos para ceder la administración del predial a las entidades federativas, que hoy los mantiene ocupados y preocupados porque el plazo se les venció.
A nivel de las entidades federativas, en algunas, existe desinterés fiscal, se prefiere la dependencia y la “gestión”, y desaprovechan opciones como el impuesto a la tenencia, no en todas por supuesto.
Por otro lado se han generalizado los pari passus, se han potenciado los efectos nocivos de una desconcentración –no descentralización de la educación- de los servicios educativos, que es una bomba de tiempo para muchas haciendas estatales.
Todo ello obliga a replantear el acuerdo fiscal.
Las reformas permiten esperar mejores condiciones de la economía del país, lo cual facilitaría avanzar hacia el nuevo pacto.