Francisco Gómez /Análisis a Fondo: La masacre indigna al presidente Peña

MÉXICO, DF, 7 de octubre de 2014.- Iguala aún huele a carne humana quemada. Los chamacos de la incómoda  (para el gobierno) escuela normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos hace ya más de una semana, resulta que fueron asesinados – masacrados es la palabra más exacta -, quemados y enterrados en fosas de esas que prefabrican los panteoneros del crimen organizado con el total apoyo de cuerpos de policía corruptos.

Los jovencitos normalistas fueron convertidos en carroña para los gusanos y las alimañas del subsuelo guerrerense. Duele usar palabras duras, pero es lo que ocurrió.

Hay signos que llevan a pensar y creer en las autoridades de la fiscalía guerrerense que, en la autoría de la masacre, podría haber contubernio entre la policía municipal de Iguala y el grupo, calificado de “delictivo”, de “los Guerreros Unidos”. Este escribidor no tiene datos de que esta pandilla forme parte de algún cártel del crimen  organizado.

De acuerdo con las pesquisas encabezadas por el fiscal estatal, Iñaky Blanco Cabrera, en el secuestro y masacre participaron integrantes de esa organización criminal.

El Ministerio Público estatal apresó ya a dos miembros de ese – Martín Alejandro Maceda Barrera y Marco Antonio Ríos Berber -, quienes habrían confesado su participación en la masacre.
Estas dos personas siguieron a los estudiantes que arribaron en autobuses a Iguala para una manifestación de protesta estudiantil, según lo declararon ante el MP.

Cuando los normalistas llegaron al centro de la ciudad – donde también había policías municipales – accionaron sus armas en contra de ellos para obligarlos a bajar de los vehículos y los trasladaron al cerro de Pueblo Viejo.

Esta versión es coincidente con la de jóvenes normalistas  sobrevivientes.

Pero hay puntos preocupantes, porque revelan connivencia, complicidad con la policía municipal. Los detenidos contestaron que la instrucción de acudir al sitio donde se encontraban los normalistas la dio “quien, según ellos, da las órdenes en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado Valladares”; en tanto, la instrucción de llevárselos y ultimarlos la recibieron de un sujeto apodado El Chucky, integrante y líder de los Guerreros Unidos.

Salgado Valladares presta sus servicios como policía tercero de la corporación municipal, dijo el fiscal. Puede ser entonces que muy pronto haya resultados de las indagaciones.

Ojalá sea resuelto pronto este diabólico desaguisado, aunque los hechos indican una horrible descomposición social y política, ahora en tierras gobernadas por el PRD, no sólo en Guerrero, sino en todos los estados de la federación donde subsisten las normales rurales.

Primero, hace años, las querían cerrar porque supuestamente eran criaderos de comunistas, fuentes de la subversión. No pudieron, les cortaron los presupuestos, y continúan, pero todavía autoridades gubernamentales  pretenden desaparecerlas.

El presidente Peña Nieto convocó a la prensa al medio día de este lunes para manifestar su indignación por los sucesos de Iguala, e instruyó a su gabinete de seguridad, concretamente a la Procuraduría General de la República, a dar con responsables de la violencia y de la masacre.

En el Estado de Derecho “no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”, advirtió el mandatario en el patio central de Palacio Nacional en donde acudió un importante grupo de periodistas. Obviamente, las investigaciones están ya en manos del Ministerio Público Federal, encabezado por Jesús Murillo Karam.

“Los hechos de violencia en Iguala son indignantes, dolorosos e inaceptables», aseguró el jefe del poder ejecutivo.

Mientras, la dirigencia del Partido de la Revolución Mexicana, del cual fue expulsado la semana pasada el presidente municipal de Iguala, anunció, en respaldo a Peña Nieto, que su CEN tendrá su primera reunión este martes, en Iguala, “en señal de la preocupación y la atención que ese partido dará al caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y presuntamente asesinados en ese ayuntamiento”.

«Queremos llevar el mensaje de que el partido va a dar la cara» y tomará decisiones para parar este baño de sangre», afirmó el líder nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz. En fin que todavía podrían conocerse muchas sorpresas si el caso se lleva hasta sus últimas consecuencias.

Ya los fascinerosos Guerreros Unidos le advirtieron a las autoridades que si no dejan en libertad a los 22 policías municipales consignados por la represión a los normalistas, ocurrida el pasado 26 de septiembre. Y advirtieron que si no son liberados darán a conocer los nombres de los políticos que los apoyan.

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