Dos meses de huelga, miles de asuntos pendientes
MÉXICO, DF, 28 de octubre de 2014.- Si en Michoacán se patentó el invento del “Comisionado Político”, en Guerrero acaban de sacarse de la manga la figura del “Comisionado Gobernador”; un punto medio entre el limbo y la nada; una figura extraña que ronda entre lo constitucional, lo interino, lo sustituto y lo inexistente, para hacer tiempo a fin de curar las heridas de un estado de emergencia, abandonado por las autoridades y penetrado por el crimen.
Rogelio Ortega Martínez con todo y sus propios recursos políticos y talentos académicos, precisamente es prisionero del tiempo… le queda poco para tanto quehacer. Es un bateador emergente que requiere del concurso de todos los actores para entregar buenas cuentas y regresarse a las aulas en la Universidad de Guerrero. Colgado del reloj, se alinea; debe tomar la palabra al Presidente de la República quien se ha comprometido a batirse con él para sacar a Guerrero del agujero.
Ciertamente desde Los Pinos y la Secretaría de Gobernación marcarán “línea” y modo para recomponer el tejido político y social desgarrado y propiciar un gobierno ciudadano de reconciliación y armonía que busque la paz democrática.
Sin margen de maniobra y con la cuota de errores agotada por su antecesor, el “gobernador bombero” ha de enfrentar a un estado furioso… y sujetarlo al imperio de la ley. “Por mucha justificación que tengan de actores sociales, sus acciones de protesta tiene un límite: no agredir a terceros. Hay que reclamar, hay que exigir, pero no hay que rebasar el límite”, nos dijo Ortega Martínez en entrevista.
Si la salida de Ángel Aguirre era condición sine qua non para intentar extinguir el incendio, el nombramiento del académico sólo sirve para controlarlo, es decir, para hacer tiempo ante la desesperación y la violencia desbordada.
Ortega Martínez ofrece diálogo y conciliación –no hay de otra–, mano tendida y apertura total para entenderse con los estudiantes de Ayotzinapa, y las familias de los 43 desaparecidos. Esa es la prioridad comprometida. Para como están las cosas, si el acercamiento se logra será un avance significativo para calmar los ánimos desbordados; nada más peligroso que una ruptura total.
¿Diálogo hasta dónde?
Hasta donde la razón y la legalidad lo permitan. Los antecedentes estudiantiles y activistas de Rogelio Ortega Martínez le permiten hablar el lenguaje de quienes reclaman justicia y oportunidades.
Algunos hablan de Ortega como el “gobernador guerrillero”.
Efectivamente, el nuevo mandatario fue dirigente de la Redacción Estudiantil Universitaria Guerrerense, de la Unión Estudiantil Guerrerense y participó en movimientos sociales de izquierda en defensa de la autonomía de la Universidad de Guerrero; lo vinculan con las ideas guerrilleras del legendario Genaro Vázquez Rojas; él no lo niega. Hasta lo acusan de vínculos con las FARC colombianas, lo cual sí desmiente.
En este contexto, el nuevo Gobernador de Guerrero anuncia la creación de una “Comisión la Verdad” la cual estaría integrada por un grupo de hombres y mujeres de prestigio intachable, capaces de supervisar, sin asomo de sospecha, el trabajo de los investigadores oficiales.
La sola idea de instalar tal comisión, verdaderamente espanta; por muy respetable que sea el grupo de ciudadanos convocados, se está admitiendo la desconfianza en las instituciones del Estado mexicano. Una “comisión de la verdad”, serviría para encontrar la verdad histórica, pero no la verdad jurídica; una versión de los hechos congruente y creíble.
En la crisis guerrerense, la única verdad que cuenta es averiguar el paradero de los 43 desaparecidos. Hasta ahora, decenas detenidos no han servido para generar ni una pizca de certeza… y la PGR está en riesgo del ridículo, si no resuelve y pronto.
Mientras, seguiremos ocupados con la extensa crónica de la noche estrellada por la tragedia, la cual prolonga la vigilia del México informativo.
EL MONJE LOCO: El eco de Ayotzinapa retumba en la Cumbre de Negocios, en Querétaro. Los capitanes del gran capital reclaman otro Pacto por México en materia de seguridad –equivalente al que permitió sacar adelante la reforma energética–, para terminar con el perverso binomio corrupción-inseguridad; un acuerdo de voluntades. Los empresarios demandan un México echado pa’delante, al lo cual hay que echar montón de voluntad. Para analistas financieros e inversionistas, el expediente abierto de la inseguridad mexicana, contagiada por la impunidad, preocupa más que los muertos…
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