Indicador Político

Para el profesor Juan María Alponte, por una pronta recuperación

MÉXICO, DF, 11 de noviembre de 2014.- Cuando el PRD comenzó a hundirse en el fango de las complicidades en Guerrero y en Iguala, el senador Alejandro Encinas lanzó una provocación al Ejército: sentar en el banquillo al secretario de la Defensa Nacional para que explicara por qué el 27 batallón cerca de Iguala no acudió a ayudar a los normalistas.

Y como consigna, los perredistas han querido centrar el secuestro, desaparición e incineración de 43 normalistas en una falla de seguridad de los militares.

Sin embargo, los senadores y diputados perredistas quieren ignorar malévolamente que el Ejército no puede intervenir en asuntos de seguridad pública si no es por solicitud de la autoridad civil de la zona o por agresiones directas en su contra. Y quieren ocultar la parte esencial de la trama de Iguala: el presidente municipal perredista y su esposa como precandidata perredista a la alcaldía ordenaron atacar a los estudiantes a través de la policía municipal y entregarlos al grupo criminal Guerreros Unidos.

Por tanto, el Ejército estaba impedido legalmente a intervenir en Iguala porque la autoridad civil nunca solicitó formalmente su participación y porque los responsables del operativo eran policías municipales. El Ejército ha desarmado a policías municipales sólo a solicitud expresa de la autoridad civil.

Lo que más deben lamentar los perredistas -si acaso hay algún lamento por lo ocurrido- y lo que deben saber los padres de familia que están haciendo acusaciones sin ton ni son es que los legisladores perredistas -sobre todo los del PRD- se opusieron en el sexenio pasado a la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que hubiera llenado precisamente esos huecos. Hasta ahora, el Ejército sólo puede intervenir en función de la seguridad interior que es una vertiente interna de la seguridad nacional, no en sucesos políticos como era la protesta estudiantil contra el alcalde perredista y su esposa como precandidata.

Si el 27 batallón hubiera intervenido en Iguala, habría tenido que cargar con los costos políticos y sociales al enfrentar la ira violenta de estudiantes que habían secuestrado camiones para desestabilizar el ambiente del informe de labores de la esposa del alcalde. Además, legalmente el Ejército hubiera podido ser acusado de abuso de autoridad y de funciones porque no tiene facultades para enfrentar movilizaciones civiles.

De ahí la perversidad del senador Encinas y de otros perredistas que quieren trasladar al Ejército el acto criminal de perredistas de reprimir normalistas y entregar 43 de ellos a un grupo criminal para su asesinato. La litis de la crisis de Iguala se localiza en la responsabilidad del alcalde perredista y de su esposa como precandidata al coludirse con una banda criminal y permitir conscientemente que la policía municipal obedeciera órdenes de delincuentes.

La labor del Ejército en situaciones de emergencia por desastres naturales o ante inseguridad pública sin control institucional se hace en apoyo a la autoridad civil, no por las circunstancias ni directamente por decisión propia. La petición tiene que hacerse por escrito y con una especificación de las tareas a realizar.

Sólo cuando el Ejército es atacado por criminales puede responder y aún esos imponderables tienen regulaciones civiles de derechos humanos que respetar o padecer la aplicación de las leyes como en Tlatlaya.

Lo que ha querido hacer el PRD al involucrar al Ejército en el debate de uno de los asuntos más delicados de violación civil y policial de derechos humanos ha sido una infamia política que sólo busca eludir la responsabilidad del PRD y sus gobernantes en la represión a estudiantes y población civil: Iguala como el Tlatelolco del PRD.

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@carlosramirezh