Análisis a Fondo

MÉXICO, DF, 5 de febrero de 2015.- Si tan sólo hubiera la voluntad de ser simplemente empleados públicos, desde el presidente del Ejecutivo hasta el barrendero de los espacios públicos. Todos, al servicio de los ciudadanos –los que votaron a su favor, los que votaron en su contra y los que se abstuvieron de ir a votar por la razón que fuere -; los ciudadanos son los que pagan sus sueldos y salarios. Así, vivirían en estado consciente y ni violarían los derechos humanos, ni permitirían violarlos a los sicarios del narco y de la delincuencia común.

Pero los mexicanos somos flojos. O no lo hacemos, o lo hacemos a medias, al ahí se va, al chilazo, al chingadazo. Y además no nos responsabilizamos de lo que hacemos y menos de lo que no hacemos, que muchas veces es más grave porque no evitamos infortunios que podríamos evitar. Y de esta antiactitud ninguno nos salvamos. Como decía el padre Juan cuando regresaba de haber presidido la fiesta del patrono del pueblo: todos se emborracharon menos el padre eterno… y es que el padre Juan no podía confesar si no estaba a medios chiles.

Igual ocurre con los derechos humanos. Hay empleados públicos de muy alto nivel que hasta viven enojados porque los defensores de tales derechos no los dejan ejercer su derecho de hacer lo que se les hinche, pues se consideran autoridades y no empleados pagados por los ciudadanos. Y por sobre cualquier derecho humano de cualquier humano, está su derecho a hacer lo que les venga en gana, atropellando todo lo que haya que atropellar. Al fin, son autoridad.

El respeto a los derechos humanos es un tema que causa escozor en la piel de los poderosos, principalmente de los políticos. En los hechos, difícilmente asimilan que un indio tenga derechos, o que los tengan un homosexual, una lesbiana o un transgénero, un mendigo que muere a la intemperie, o inclusive un gendarme municipal obligado a entregar diariamente una determinada cuota de dinero mal habido al jefe inmediato.

Pero bueno. Veamos mejor en qué terminaron las sesiones de la Comisión Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en Ginebra. Quiero creer que no es puro ilusionismo. Quiero creer que al fin de cuentas las “autoridades” mexicanas tomarán en serio la defensa de los derechos humanos. Hasta este momento, todo es puro formulismo y formalismo. Se habla mucho del asunto, pero en la vida diaria, importa un bledo lo que le pase al otro, a los otros. Que los madreen por culeros. Esto es la pura verdad en infinidad de estaciones de policía, en infinidad de cárceles del país.

Pues lo que ocurrió en Ginebra es que, al fin –desde hace cuatro años lo habían estado exigiendo diversas organizaciones e inclusive la propia ONU- el gobierno mexicano, ahora en manos de priístas, se comprometió a aprobar una Ley General sobre Desaparición Forzada. Dicha legislación permitiría, entre otras cosas, crear un registro de desaparecidos, que hoy no existe; poner en marcha medidas para combatir este delito y establecer penas homogéneas para los responsables de las desapariciones.

“Uno de nuestros retos es aprobar la Ley General de Desaparición Forzada en los próximos meses”, aseguró el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería (SRE).

Julio Hernández Barro, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), informó que existe ya un borrador de la Ley General sobre Desaparición Forzada, que incluye una declaratoria de ausencia por desaparición y penas más altas para quienes incurran en este delito. El comisionado adelantó por su parte que “este proyecto de ley plantea un mando único policiaco destinado exclusivamente a la búsqueda de personas desaparecidas; contiene el tipo penal de desaparición forzada con la que deberían contar todos los estados en sus leyes para atender este delito, y señala la necesidad de contar con un registro nacional de datos forenses y un banco de información genética que ayudarían a la identificación de cadáveres”.

Sin embargo, 12 estados de la república todavía no homologan su legislación local con lo que señala la Ley General de Víctimas, lo cual es primordial para que las familias de todo el país, que enfrentan el delito de la desaparición forzada, tengan garantía y acceso pleno a sus derechos.

Más, digan lo que dijeren los representantes gubernamentales, no muchos les creen, aunque lo dican en un foro supranacional como el de la ONU. El escepticismo es lo que prima. Pero los gobernantes tienen la culpa. Tanto, tanto han hablado y hablado y hablado, en todos los asuntos de la vida, y poco han concretado, que ya muy pocos les creen, o mejor: dicen creer pero por pura conveniencia.

Nadie confía en que la aprobación de la ley se vaya a dar en los plazos establecidos. Desde hace 4 años el gobierno ha incumplido las recomendaciones de la propia ONU, como la creación de un registro de desapariciones forzadas. Y por el momento, lo más preocupantes es que las autoridades sigan sin comprometerse a elaborar un registro oficial de víctimas de desapariciones forzadas, como les recomendó el grupo de trabajo de Desapariciones Forzadas de la propia ONU. Quiero creer que en esta ocasión rebasaremos el límite de la simulación.

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