Suman esfuerzos CJF y PGR para aplicar nuevo Sistema Penal Acusatorio

MÉXICO, DF, 8 de junio de 2015.- Luego de refrendar el compromiso de las instituciones federales de procuración e impartición de justicia con la formación de servidores públicos de excelencia encargados de operar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el Ministro Alberto Pérez Dayán; la titular de la PGR, Arely Gómez González, y el Consejero Alfonso Pérez Daza, coincidieron en reconocer que el gran reto que enfrenta el Estado mexicano es la correcta aplicación de éste.

Puntualizaron que el desafío no solo implica cumplir con los tiempos, sino con dar vigencia a los principios rectores del nuevo sistema procesal penal de publicidad, inmediatez, reparación del daño, atención a la víctima y adecuada defensa, entre otros, y con ello responder a la demanda social de una justicia pronta se informa en un comunicado.

Lo anterior en el marco de la inauguración del diplomado sobre El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Frente a la Sociedad, que organiza el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a través del Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial y la Procuraduría General de la República (PGR).

El Ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala de la SCJN, sostuvo que este diplomado constituye un importante precedente de capacitación sobre el nuevo sistema penal acusatorio en México, y más aún porque ha sido organizado de manera conjunta por el Instituto de la Judicatura Federal y la PGR, uniendo esfuerzos con el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Manifestó que la reforma constitucional en materia penal, no solo significa un cambio de ruta en los sistemas de procuración e impartición de justicia, sino que constituye además un instrumento que permitirá garantizar el cumplimiento de sus principios, entre otros, los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, recogidos todos en el texto del artículo 20 de la Constitución.

La procuradora General de la República, Arely Gómez González, afirmó que la PGR y el Poder Judicial de la Federación promueven y fomentan la vinculación permanente de sus instituciones de procuración e impartición de justicia con la sociedad, promoviendo y velando en cada momento por el respeto irrestricto de los derechos humanos de los sujetos del procedimiento penal, así como de otros actores involucrados en la protección de la libertad informativa en el marco del Sistema de Justicia Penal.

Este diplomado, señaló es un esfuerzo integral de las instituciones de procuración y administración de justicia federal, para actualizar y especializar a los servidores públicos que las conforman, y representa un paso decidido para imponer un nuevo dinamismo y la capacitación.

Asimismo, para involucrar y socializar la función gubernamental con las actividades de actores determinantes en la construcción de un Sistema de Justicia Penal influyente, accesible y transparente con la ciudadanía.

El consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, dijo que el gran reto de la implementación del nuevo sistema penal es la aplicación, específicamente lo relativo a la forma en que desde el Poder Judicial de la Federación (PJF) se interpretan las nuevas reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contempla la posibilidad de interpretaciones no siempre compatibles con algunos artículos constitucionales.

Por ello, puntualizó, será fundamental la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar uniformidad a los criterios que emitan los y las juzgadoras.

Pérez Daza, presidente de la Comisión de Disciplina del CJF, destacó que desde la Constitución se prevé que puede haber una terminación anticipada al juicio oral, además de que el sistema penal acusatorio tendrá como principal requisito el que el imputado confiese el haber cometido su intervención en el delito.

Recordó que el procedimiento abreviado solo podrá ser solicitado por el Ministerio Público, y procederá después de que haya dictado la vinculación a proceso, por lo que esta etapa previa a solicitar dicho procedimiento, implica que el juez de control realizó un análisis jurídico de la valoración de los datos de prueba para llegar a concluir si son suficientes o no para dictar un auto de vinculación a proceso.