Indicador Político

EE.UU. contra Ejército Mexicano

MÉXICO, DF, 9 de agosto de 2015.- Si hubiera una invasión extranjera en México, la capacidad de defensa estaría menguada por las reformas legales para acotar el papel y la capacidad de las fuerzas armadas mexicanas. Por ahí y no en la violencia habría que encontrar algunas explicaciones a la nueva ola de acosos contra la funcionalidad de las fuerzas armadas.

Más que restringir sus funciones, la república debiera entender la geopolítica de la seguridad nacional. EE.UU. se ha negado a firmar con tribunales internacionales porque no quiere ver a sus generales perseguidos por crímenes de guerra. Eso sí, la Casa Blanca y los responsables de seguridad nacional estadunidense siguen presionando a los demás países a seguir aceptando el funcionamiento de sus ejércitos. La explicación es sencilla: el ejército de EE.UU. como el ejército mundial.

En México la campaña contra las fuerzas armadas tiene un criterio subyacente: anular los mecanismos de defensa de la seguridad militar. El problema es que la delincuencia en México no está formada por carteristas o ladronzuelos de autos, sino por un crimen trasnacional organizado con armas superiores a las de las policías y proporcionadas por empresas estadunidenses que a su vez se proveen del ejército estadunidense.

Más que acotar a las fuerzas armadas, el gobierno necesitaría tres cosas:

1.- Fortalecer el marco jurídico de operación de las fuerzas armadas dentro de la república a partir de las leyes de seguridad interior, seguridad nacional e inteligencia.

2.- Cumplir con el compromiso desde 2008 de reorganizar y profesionalizar a las policías. Los militares y marinos siguen en funciones de seguridad interior porque los gobiernos municipales y estatales y hasta el federal han sido incapaces de crear una policía capaz de combatir al crimen sin las fuerzas armadas.

3.- Reorganizar el cuerpo de inteligencia nacional. El CISEN carece de profesionalismo, no tiene capacidad de indagación y su inteligencia es insuficiente y sobre todo ineficiente. El CISEN ha sido dirigido por funcionarios ajenos a la comunidad de inteligencia y seguridad nacional.

Las acciones de seguridad han enfatizado por el lado contrario: atarle las manos a las fuerzas armadas en seguridad interior. Y los resultados han sido nefastos: el 98% de los casos de militares en tribunales civiles sigue sin resolverse, lo que revela la tasa de impunidad y el fracaso de llevar a militares a tribunales civiles; en cambio, el 98% de casos de militares en agresiones civiles ha sido resuelto en tribunales militares, lo que revela que la impunidad militar es apenas de 2%.

En este sentido, la ofensiva para acotar el fuero militar no fue una decisión de derechos humanos sino una política de disminución del escudo de seguridad nacional del Estado mexicano. Militares mexicanos pueden ser llevados a tribunales internacionales, en tanto que militares estadunidenses gozan de impunidad por la falta de jurisdicción de tribunales internacionales en casos mexicanos.

¿A quién beneficia el debilitamiento del escudo de seguridad nacional mexicano y las acusaciones no procesadas contra las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior? Al acoso estadunidense. En este sentido, las organizaciones sociales que han limitado las acciones de las fuerzas armadas mexicanas contra el crimen organizado transnacional sólo han beneficiado a la estrategia de seguridad nacional de EE.UU. que no quiere ejércitos protegiendo a sus ciudadanos.

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