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SAN MIGUEL CHIMALAPAS, Oax. 28 de febrero de 2016.- Comuneros de San Miguel Chimalapa y jóvenes ecologistas de la Escuela Preparatoria “José Martí” de Ixhuatán y del Grupo Matza clausuraron de manera simbólica la mina concesionada por el gobierno federal a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc., en terrenos de Bienes Comunales de La Cristalina, perteneciente a San Miguel Chimalapa.
Aproximadamente 80 comuneros y autoridades municipales de San Miguel, acompañados por elementos de Secretaría de Seguridad realizaron el recorrido hasta la mina, donde verificaron los pasados trabajos de exploración realizados por la empresa.
El presidente de Bienes Comunales de San Miguel, Miguel Ángel Gutiérrez Domínguez, explicó a los participantes en la verificación, que la concesión de la mina de oro, cobre y plata , fue otorgada por la Dirección General de Regulación Minera (DGRM) de la Secretaría de Economía por 50 años a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc, del 2008 a 2058.
El punto supervisado, está dentro del territorio de La Cristalina, en los límites con Chiapas, que se encuentran dentro del proyecto conocido como “Santa Marta”, antes denominado “Lote Mar de Cobre” con una extensión de cinco mil 610 hectáreas de selva baja caducifolia, subcaducifolia y selva mediana, registrado bajo el título número 231753 y expediente 062/09818.
Cerca de este punto visitado está también el proyecto minero, ubicado en los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa y los Bienes Ejidales de Santo Domingo Zanatepec, en los límites de ambos municipios, en una zona en conflicto agrario , conocido como “Lote Jackita” con título de concesión número 225472 en una extensión de explotación de mil 500 hectáreas.
Los comuneros en asamblea, retomaron lo dicho el 18 de octubre del 2014 en el Foro informativo sobre el mega proyecto extractivo, de que como habitantes y autoridades del territorio Chimalapas, tienen el derecho de decidir la libre determinación y el reconocimiento de la autonomía como pueblos indígenas.
Respaldados en el estatuto comunal de Los Chimalapas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acusando al Estado de no consultarlos, rechazaron el proyecto