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CIUDAD DE MÉXICO, 13 de junio de 2016.- El senador Benjamín Robles consideró que el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad para implementar el mando único no constituye un cambio de fondo a la política de seguridad pública en nuestro país.
Dijo que se preservan los mismos esquemas de control de confianza que probadamente han fracasado, así como la perspectiva eminentemente policiaca de la seguridad y la cerrazón de las instituciones de seguridad a la ciudadanía.
Robles Montoya destacó que el proyecto de reforma constitucional, que empezará a discutirse en el Senado desde este lunes, no plantea mecanismos de control y contraloría ciudadana que, a su juicio, tanta falta les hace a las instituciones de seguridad pública.
Indicó que al Consejo Consultivo ciudadano, que se plantea crear como parte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, no se le otorgan facultades de contraloría respecto a las instituciones policiales.
“Todo lo anterior garantiza la subsistencia de fenómenos como la corrupción, la colusión con la delincuencia y la práctica de la tortura al seno de las instituciones policiales”.
El legislador federal aseguró que es un tema que debería ocupar un lugar central en la discusión de la reforma; sin embargo, no parece haber una verdadera voluntad del gobierno federal y de los estados para abrirlas a los ciudadanos, pues prefieren seguir controlándolas como si fueran un instrumento de control social.
Señaló que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se vuelve una suerte de “súper secretario”, pues se le otorgan facultades amplísimas que incluyen asumir de oficio el control de cualquier institución de seguridad pública del país y determinar las condiciones en que lo hará.
En los hechos, indicó, el Ejecutivo Federal tendrá bajo su control a este súper Secretario Ejecutivo, pues a pesar de requerir la aprobación del Senado para su nombramiento, el Presidente de la República lo podrá remover libremente, por lo que previsiblemente el Secretario responderá a los intereses del Ejecutivo en aras de no ser destituido.
“Ello garantizará que continuemos viendo el uso político de la seguridad y los grandes perjudicados serán los ciudadanos”, apuntó.