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OAXACA, Oax., 14 de julio de 2016.- El investigador y jurista Enrique Díaz Aranda afirmó que la presunción de inocencia no es cuestión solamente del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sino era una obligación que México tenía desde hace más de medio siglo, con base en lo establecido en la Constitución y tratados internacionales y que se ha ido violando sistemáticamente a partir de elementos que llevan a conclusiones incorrectas, al sostener acusaciones a través de testigos sin pruebas y que solamente aportan indicios.
En un comunicado se informó que una teoría del caso, por muy coherente que suene y se crea que así puede ser, no deja de ser pura especulación si no está respaldada con evidencias y solo cuando esto se consigue se puede condenar a la persona conforme al hecho cometido, puntualizó el especialista al impartir la conferencia magistral ¿Cómo debe ajustar la sentencia el juez a derechos humanos?, a invitación del Poder Judicial de Oaxaca, en el marco de las actividades por el Día del Abogado.
Seguimos sin aprender, porque queremos generar una justicia a partir de la mera especulación, sin saber que pasó, de esta forma ¿cómo puedo estar construyendo procesos penales?, ¿eso es justicia?, cuestionó el jurista, que ante magistrados, consejeros de la Judicatura, jueces, directores de diferentes áreas e invitados especiales, señaló que “la ley es ciega pero los jueces no”, por lo cual los exhortó a hacer valer el Derecho de manera justa y no caprichosa.
El doctor en derecho penal quien a manera de ejemplo analizó casos recientes como el de Rubí en Chihuahua, la desaparición de Paulette y de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, manifestó que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, garante de derechos humanos, es lo mejor que puede haber, porque está basado en algo fundamental que es la investigación, de lo contrario es muy probable que el proceso falle.
Durante la conferencia que se desarrolló en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, indicó que es necesario un “cambio de chip” para ya no seguir con las viejas prácticas y hacer valer el derecho humano a la libertad que solamente se puede limitar cuando haya un acto de autoridad debidamente fundado y motivado. El reclamo es ajustar realmente el derecho a la justicia, no se trata solo de condenar a alguien sino que la sentencia se apegue a los parámetros del Estado de Derecho, destacó.
Enfatizó que hemos creído que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio es nuevo; sin embargo, sus principios tienen antecedentes en tratados internacionales que datan de hace varias décadas como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ratificada por México en 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José Costa Rica que se adoptó en 1969, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1981 y el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que entró en vigor en el país en 2006, lo cuales no se habían hecho valer.
El penalista finalizó que nuestro país se encuentra ante un nuevo panorama y en un momento decisivo y fundamental del nuevo proceso penal acusatorio, que consideró como una gran oportunidad para la justicia que no se debe dejar pasar. “Todos debemos contribuir y estamos llamados a hacer que este paso no sea al vacío, ni un fracaso”, por lo que exhortó a los operadores del modelo oral a construir juntos una justicia con apego a los derechos humanos.
Enrique Díaz Aranda es doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, España y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido más de 400 conferencias y cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado en diferentes universidades e instituciones tanto en México como en Alemania, Francia, Italia, España, Perú, Nicaragua, Uruguay y Estados Unidos de América. Cuenta con cinco postdoctorados en Alemania.