La seguridad pública en México

OAXACA, Oax. 8 de diciembre de 2016.- Nuestro país enfrenta grandes retos en materia de seguridad pública, dar puntual atención es clave considerando la aparición durante los últimos años de organizaciones criminales y político sociales que, bajo el argumento de sus dogmas e ideologías, laceran los derechos humanos.

Habría que dejar a un lado las justificaciones y análisis críticos para proponer soluciones, reivindicar el camino y las afectaciones hechas bajo la ambición del poder e implementar políticas públicas en beneficio de las corporaciones policiacas, con el objetivo de mejorar su actuación y más allá de la inminente vocación de servicio que existe, dotar de herramientas que permitan a los uniformados trabajar a marchas forzadas en aras de la prevención del delito.

En todo caso, si hubiera que puntualizar sobre los responsables de la inseguridad que vive el país, ¿quiénes serían? ¿Las corporaciones policiacas o los malos funcionarios? ¿Responsabilidad compartida o la ausencia de alguna legislatura que fortalezca la seguridad? ¿Falta de comunicación entre ciudadanía y gobierno o simplemente falta de vocación de servicio?

Ante tal cuestionamiento es preciso abonar en el tema, ya que de primera mano la responsabilidad recae en las corporaciones policiacas, pues bajo toda normatividad tienen la obligación de garantizar la paz y el orden público.

Pero, cómo hacerlo cuando existe nula comunicación organizacional, cuando en ocasiones la avaricia y ambición están por encima de la vocación de servicio; la interrogante entonces: cómo garantizar la paz y el orden cuando existen compromisos políticos con organizaciones sociales y olvidan el riesgo al que se enfrentan los uniformados. Cómo ofrecer resultados cuando las instituciones gubernamentales han abandonado por años los derechos humanos de las y los policías, cuando la equidad de género contrapone todo valor subrogado y no existe la libertad de opiniones.

Entonces, ¿cómo mejorar la seguridad en México?, se cuestiona el lector, la pregunta del millón y la responsabilidad que pocos adoptan, una responsabilidad compartida entre ciudadanía y gobierno, pues si bien la educación inicia en casa, pareciera que durante los últimos años ésta se dejó en manos de las instituciones educativas, lo cual no es un error, pero si resulta insuficiente para ayudar en la prevención del delito.

Entonces, si la seguridad es clave en todo órgano gubernamental y existen fondos para dotar de mejores herramientas a las corporaciones, ¿dónde y en qué está invertido ese rubro? La interrogante nos lleva a cuestionarnos sobre el papel del funcionario, considerando que muchos no cuentan con el perfil para comprender las necesidades de los policías.

Tan solo habría que echar un vistazo a las inversiones ejecutadas en algunos estados, para percibir que el monto en seguridad pública se limita en muchas ocasiones a la entrega de patrullas, lo cual no sería un error de poner en marcha políticas públicas para su adecuada distribución en capacitación, contratación de personal operativo, abonar en programas para la prevención del delito, el uso de las nuevas tecnologías, pero principalmente mejorar las condiciones labores de quienes incluso con su vida, protegen a nuestro país.

La responsabilidad entonces, no es solo del policía, el gobierno en turno o la población, sino también de la ausencia leyes que protejan y respalden la labor de las instituciones de seguridad pública, pues en el marco de su actuación, resultan vulnerables ante la probable represalia de la delincuencia y el nulo apoyo de organismos encargados de velar y proteger los derechos humanos.

Bajo este esquema, habría que puntualizar sobre La Ley que Regula el Uso de la Fuerza, la cual debe actualizarse y poner en marcha en todo el país, pues si bien Oaxaca cuenta con esta, se debe apostar por su aplicación y en su momento la valoración de poder homologarla, para finalmente garantizar que se lleve a cabo conforme a Derecho y en estricto cumplimiento de los derechos humanos.

Es importante resaltar que este tipo de legislaciones deben complementarse con programas que ayuden a consolidar la denuncia, pues más allá de la incidencia delictiva que pueda existir en México, no existe el hábito de la denuncia, lo que conlleva adoptar una perspectiva inadecuada sobre la actuación policial e impartición de justicia en México.

Si bien actualmente existen órganos gubernamentales que apuestan por agotar el diálogo en aras de conciliar y evitar la violencia, se debe apostar por sancionar a líderes y funcionarios que bajo el bajo el argumento de un cargo político, laceran los derechos de la sociedad y utilizan su poder para obtener beneficios personales.

Finalmente, Oaxaca cuenta con quinientos setenta municipios, por lo cual, trabajar de manera coordinada con ellos más allá de la autonomía que pueda imperar, ayudará a mejorar las condiciones de seguridad pública en México, a asumir responsabilidades y evitar que los uniformados sean utilizados como anzuelo para la recaudación económica.