Guerrero: ¿quién protege al diputado Saúl Beltrán?

Otro País

CHILPANCINGO, Gro., 9 de marzo de 2017.- Hace unos quince días que el diputado local Saúl Beltrán Orozco debió haber sido desaforado por el Congreso de Guerrero a petición de la Fiscalía General del Estado, para que responda a la acusación de homicidio que le imputa esta institución. Sin embargo, el procedimiento ha sido aplazado y alargado por los integrantes de la Comisión Instructora, encargada de dictaminar si procede el retiro de la inmunidad que legalmente impide la detención del legislador del PRI.

Como no existe justificación alguna, ni jurídica ni procedimental, para esa demora, la explicación de la conducta morosa de la Comisión Instructora del Congreso debe buscarse en las motivaciones políticas. Y parece haberlas. Por principio de cuentas es visible que los diputados de esa comisión hacen espíritu de cuerpo con su compañero, quizás con el criterio de que los diputados deben ser intocables sin importar la gravedad de las acciones delictuosas que cometan. En segundo término, es posible que exista una consigna política para proteger al diputado Saúl Beltrán, a la que serían sensibles los integrantes de esa comisión.

No sería la primera vez que el Congreso se hiciera de la vista gorda y entorpeciera el desafuero de un político acusado de un crimen. Hace cinco años la Comisión Instructora del Congreso dio largas al desafuero del entonces alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, solicitado por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Durante un año entero, entre octubre de 2011 y septiembre de 2012, el Congreso entorpeció y extendió el proceso de desafuero y al final la legislatura concluyó sin que la comisión emitiera un dictamen. Como se sabe, Willy Reyes estaba (y está) acusado de ordenar el asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz, y el efecto de que no le haya sido retirada la inmunidad es que pudo continuar en el cargo como si nada, y después huir.

El caso del diputado Saúl Beltrán adquirió mayor notoriedad a partir de la noche del pasado 16 de enero, cuando el noticiero A las diez en punto del canal 2 de Televisa exhibió los nexos que el también ex alcalde de San Miguel Totolapan tiene con el jefe de la banda de secuestradores Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte, de quien es compadre. Anteriormente había sido denunciado por sus vínculos con Los Tequileros por el movimiento de autodefensa de ese municipio y por el ingeniero Isauro de Paz Duque –secuestrado a mediados de diciembre y liberado en un intercambio con la madre de Jacobo de Almonte, retenida por el grupo comunitario con ese propósito. — El escándalo nacional provocado por ese y otros reportajes difundidos por Televisa en los siguientes días obligaron a la Fiscalía General del Estado a intervenir, y el 18 de enero el fiscal Xavier Olea Peláez informó que el diputado Beltrán Orozco era investigado. Más tarde, el 31 de enero, se sabría que no sólo era investigado, sino que existía ya una orden de aprehensión en su contra, emitida el 9 de ese mes. El cargo por el cual se libró la orden de captura es el asesinato de José Antonio Ceferino Gil, un empleado del ayuntamiento de San Miguel Totolapan durante la gestión de Beltrán Orozco como presidente municipal en el periodo anterior al actual. El móvil del homicidio de Ceferino Gil habría sido evitar que delatara al alcalde, pues había sido testigo del secuestro y ejecución del sacerdote José Ascencio Acuña, hecho cometido también por órdenes de Beltrán Orozco.

Pero sólo hasta el 1 de febrero presentó la Fiscalía al Congreso del estado la solicitud de desafuero de Saúl Beltrán, y quedó a la vista de inmediato el posible conflicto jurídico por el hecho de que la orden de aprehensión hubiera sido requerida por la Fiscalía y otorgada por un juez sin solventar primero el retiro de la inmunidad legislativa que ampara a Beltrán Orozco.

Es imposible creer que ese detalle no fue pasado por alto a propósito para enturbiar la acción de la justicia contra el diputado priista, pues genera una apariencia de desarreglo y arbitrariedad en lo que debe ser el debido proceso y le regala argumentos de defensa. Tan era así, que en efecto Saúl Beltrán alegó el 20 de febrero, en una audiencia en la Comisión Instructora del Congreso, actos ilegales de la Fiscalía y denunció la violación del debido proceso.

Escudados no sin razón en la pulcritud jurídica, pero sin poder disimular simpatía por la suerte de su compañero de legislatura, los integrantes de la Comisión Instructora –los diputados Iván Pachuca Domínguez, del PAN; Ernesto González Pérez, del PRD; Silvia Romero Suárez, del PRD; Ignacio Basilio García, del PRI, y Cuauhtémoc Salgado Romero, también del PRI— se las han arreglado para agregar incertidumbre al proceso de desafuero, que a juzgar por la forma en que empezó podría prolongarse por meses o incluso no terminar nunca como ocurrió con el caso de Willy Reyes.

A los diputados no les compete entrar en la materia ni acreditar o desacreditar las acusaciones que pesan sobre Beltrán Orozco, sino facilitar a la Fiscalía la acción de la justicia mediante el retiro del fuero del diputado. Sin embargo, lo que los miembros de la Comisión Instructora han hecho es entrar en la materia y por lo visto pretenden que la Fiscalía les demuestre a ellos –que no son jueces ni autoridad para ello– que Saúl Beltrán es responsable de los delitos que le adjudica. Alteran de esa forma el sentido del juicio de procedencia, la figura formal del desafuero, y se erigen en jueces. Por ese motivo requirieron a la Fiscalía el expediente del caso. La consecuencia de ello es que en la práctica benefician a un presunto responsable de actos delictuosos.

Lo que ocurre en el municipio de San Miguel Totolapan, cuya descomposición no empezó en diciembre, es el ejemplo más reciente de los fenómenos que se producen cuando se mezclan la política, el crimen organizado y el gobierno sin que nadie detenga esa masa letal de intereses. Saúl Beltrán no es el único que está públicamente acusado de nexos con el crimen. También ha sido señalado el actual alcalde perredista Juan Mendoza Acosta, de quien el fiscal Olea Peláez informó en diciembre que era investigado, antes de que el expediente de Beltrán Orozco trascendiera a la luz pública. ¿Es esa la razón de que el desafuero de Beltrán Orozco sufra un bloqueo en el Congreso? ¿Hay temor de que al actuar contra él se destape la podredumbre que permitió el crecimiento de Los Tequileros, cuyo jefe aún no es detenido?

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