Periodismo, rehén de la violencia e impunidad

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de mayo de 2017.- Sin duda, se puede asegurar que durante la administración que encabeza Enrique Peña Nieto se ha intensificado la violencia e impunidad en contra de los periodistas, lo que ha convertido a nuestro país en uno de los más peligrosos para ejercer la profesión.

Hay quienes miran pasivamente la violencia y consideran que las víctimas del gremio periodístico, son simples daños colaterales de la guerra emprendida por el Estado mexicano en contra del crimen organizado, esto desde la declaración enunciada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) indicó que de 2000 a 2017 se registraron 114 homicidios de periodistas, de los cuales el departamento ha investigado 48, pero sólo existen tres sentencias, así lo informó a la Cámara de Diputados en un comunicado el pasado mes de abril de 2017.

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que tan sólo en cinco años la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión registró 55 periodistas asesinados, es decir, entre 2010 y 2015.

La violencia en contra de los comunicadores se agudizó principalmente en las regiones donde opera el crimen organizado y, en muchos casos, los agresores actúan con la omisión o complicidad de las autoridades federales y estatales.

En el informe 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se explica que las víctimas de violencia son principalmente periodistas que han denunciado o han informado sobre corrupción administrativa en el ámbito local, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados.

El organismo documentó los asesinatos de los periodistas, pero también recibió denuncias de otros tipos de agresiones contra quienes ejercen su derecho a expresarse libremente, “tales como desapariciones, amenazas, secuestros, agresiones físicas, ataques a instalaciones de medios de comunicación e incluso ataques cibernéticos”.

A principios de 2016 la CIDH denunció que se presentaron otro tipo de afectaciones, es decir, no solo eran evidentes los riesgos por agresiones y amenazas sino también casos de censura como el que experimentó la periodista Carmen Aristegui, quien destapó la corrupción de la familia presidencial con la compra de la denominada Casa Blanca, investigación que puso en evidencia el conflicto de intereses, esto a pesar de que Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), exoneró de toda responsabilidad a la Presidencia.

A las autoridades federales no les importó que el programa informativo de la comunicadora contara con altos niveles de audiencia, por lo que Aristegui tuvo que pagar con la embestida indirecta del Gobierno, así fue cesada junto con su equipo por la empresa concesionaria de la emisora con la que mantenían un contrato.

MVS argumentó que la periodista y sus colaboradores habían utilizado la imagen y la marca de la empresa para fines no autorizados.

La lista de víctimas es interminable, y tan solo en este año recordamos el pasado 15 de mayo cuando fue asesinado Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de la Jornada ultimado en Culiacán, Sinaloa; el 2 de mayo es ejecutado el locutor Filiberto Álvarez en Tlalquiltenango, Morelos; el 14 de abril, un comando armado cobró la vida de Max Rodríguez en la Paz, Baja California Sur; 23 de marzo, fue ejecutada en su localidad Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua; 19 de marzo, Ricardo Monlui Cabrera, director del periódico El Político y columnista en El Sol de Córdoba muere en Yanga, Veracruz; 2 de marzo es asesinado Cecilio Pineda en Ciudad Altamirano, Guerrero.

Lamentablemente, nos enteramos el pasado jueves que el periodista y propietario del canal 6 de Nueva Italia, Michoacán, Salvador Adame Pardo, fue levantado por cuatro sujetos encapuchados que lo subieron a la fuerza a una camioneta Lobo de color negra con placas del Estado de México en la población de Lombardía.

El periodista, quien hace pocos más de un año fue sujeto de vejaciones policiales, mantuvo una directriz activa, crítica, sagaz, atrevida, desafiante, al escenario delictivo que prevalece en la zona, también conocida como Cuatro Caminos, corazón de la entidad y epicentro de interminables disputas gansteriles (Quadratín, 19 de mayo de 2017).

Recordamos que hace un año la CIDH recomendó al Estado mexicano apegarse a los estándares internacionales de derechos humanos y “prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares cuando sabe o debiera saber del riesgo”.

En este sentido, Peña Nieto sólo ha contemplado pasivamente el registró de decenas de muertos de periodistas, pues apenas anunció la implementación de tres medidas extraordinarias: mayor presupuesto y estructura para el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; establecimiento de un protocolo nacional de operación ante las agresiones al gremio, y fortalecimiento de la Feadle.

Esperemos que esto no sólo sea un discurso demagógico y se dé garantías al ejercicio periodístico para salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información en México.

El autor es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCPyS; Maestro en Comunicación y Política; y Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación y Política por la UAM Xochimilco. Ha sido periodista en medios locales y nacionales. ([email protected]).

Fuente: Quadratín Debate