¿Re-formas o re-fondos?

OAXACA, Oax., 11 de junio de 2017.- Los acontecimientos e interpretaciones relacionados con las elecciones locales de 2015, 2016 y 2017, y en parte también con los comicios federales de 2015, han motivado diversas reflexiones sobre la idoneidad del sistema electoral mexicano vigente, reestructurado recién en 2014.

Sin embargo, es pertinente preguntarse si para superar sus limitaciones basta con un recambio de sus reglas o si, más bien, habría que proceder a completar la reforma del estado con el propósito de profundizar y terminar de enraizar en la sociedad y el gobierno los hábitos democráticos.

Por una parte, recordemos que en 2017 se cumplen 40 años del inicio de la liberalización y democratización del sistema político, proceso que a través de sucesivas reformas ha producido, como nunca antes, pluralidad partidaria y alternancia en los gobiernos en todos los ámbitos, desde el federal al municipal.

Con todas sus debilidades, y salvo la no llegada de una opción partidaria de izquierda a la presidencia de la República, en la inteligencia de que aquella ha conservado durante 20 años el gobierno de la hoy Ciudad de México, se ha tratado de una evidente historia de éxito.

Esa historia incluye la construcción y presencia de partidos políticos grandes y fuertes, instituciones electorales vigorosas y ciudadanía –pese a sus déficits socioeconómicos y esperanzas frustradas–cada vez más consciente de sus derechos y libertades. Incluye el reconocimiento y protección de los derechos político electorales de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, mujeres y candidatos independientes.

E involucra, sin desconocer sus persistentes obstáculos en materia de equidad e imparcialidad en la contienda, mayor transparencia y garantía de integridad de los procesos electorales, las cuales, según los casos que se examinen, llegan a disminuir en comicios locales como los recientes del Estado de México y Coahuila, en el entendido de que estos aún no concluyen en todas sus etapas constitucionales.

Pero, por otra parte, es claro que el sistema electoral, así de exitoso, complejo e imperfecto segun luce en su yuxtaposición local-federal-nacional (OPLEs-INE, TEs-TEPJF y FEPADEs) desde 2014, no se corresponde con los mejores sistemas de gobierno.

Si partimos de la premisa de que la época de pluralidad y alternancia debilitó a la Presidencia de la República desde el periodo 97-2000 y si se observa que el Presidente Peña ha tratado desde 2012 de reconcentrar poder y conducción del proceso político nacional, a la vez resulta visible que las distorsiones en los papeles y correlaciones de poder entre presidente y congreso, presidente y gobernadores, y presidente y partidos mas otros actores informales e ilícitos en contextos de abuso, inseguridad, violencia y crimen continúan complicando la reconfiguración más funcional del sistema político en su conjunto.

Ante tal condición 97 a la fecha, que ha generado una colección de exgobernadores ahora enjuiciados y munícipes asesinados, la solución no está solo en el sistema electoral.

Dentro del sistema electoral, es verdad, habrá que reconsiderar desde la operación eficaz del PREP y los conteos rápidos hasta la integración de las mesas directivas de casilla y las causales para la “apertura y recuento” parcial y total de votos, el nombramiento de consejeros y magistrados locales, el voto obligatorio con sanción efectiva y la segunda vuelta, entre otros elementos. Pero ello no sera suficiente.

Tampoco lo será reducir el financiamiento público y aumentar o no el margen del financiamiento privado a partidos y candidatos, junto con la transparencia, fiscalizacion y sancion correspondientes.

Desde mi perspectiva, será indispensable, más allá de los gobiernos de coalición, opción que entrará en vigor en 2018 para facilitar la gobernabilidad a quien gane la elección con la minoría relativa más grande de votos –así sea menor al 30%, según se prevé– proceder a ajustar e innovar otras piezas del sistema. Por ahora apunto cuatro. Dos institucionales, una económica y otra de orden cultural.

La primera consiste en concluir y poner en marcha, con todas sus implicaciones, no solo el sistema nacional anticorrupción si no, mejor, el sistema completo de rendición de cuentas o informe, explicación y justificación transparentes, más estímulos y sanciones eficaces, de cada acto de gobierno y administración.

La segunda está en retomar la agenda del federalismo y el municipalismo, lo que significa iniciar la difícil diferenciación entre lo que se debe centralizar o compartir y lo que no. La edificación de entidades federativas en términos de auténticos estados constitucionales, es decir con división y equilibrio razonable de poderes, órganos autónomos y sistemas de control.

Esto último, hasta el límite justificable en razón de casos excepcionales en los que el contexto social y político lo hagan determinante (por ejemplo, la división real de poderes en Oaxaca, dada la presencia de la Sección 22 y el notorio ascenso de otros actores cada vez más poderosos, o bien el narcocrimen en Quintana Roo y Tamaulipas) y que podría ser regulado mediante regímenes jurídicos específicos en favor de los derechos de la mayoría de la población.

La opción de senadores, consejos de gobierno y salas constitucionales locales bien diseñados y operativos. La flexibilización y rediseño de las formas de gobierno y administración municipal, incluido el fortalecimiento de los niveles sub-municipales.

La tercera, desde luego, sería la concurrencia inteligente de estrategias y políticas de desarrollo con dignidad basadas en mínimos garantizados en dinero, especie y/o prácticas informales y comunitarias reconocidas y contabilizadas como tales en la función recaudatoria y redistributiva. Pero un no absoluto al crimen y la impunidad.

La cuarta, la cultural, sería un pacto de fondo, consistente en el respeto irrestricto y proactivo a los valores y principios constitucionales y democráticos, la pluralidad, diversidad e interculturalidad sustentables. El regreso al círculo de la revaloración, la confianza y el crecimiento de todos.

No todo a la vez pero, progresivamente, a la vez todo.