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OAXACA, Oax.,3 de julio de 2017.- La Doctora en Derecho, Alicia Azzolini Bincaz señaló que la ley nacional para adolescentes es aplicable a quienes se les atribuya la realización de una conducta tipificada como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, de ahí que se les debe garantizar el derecho a ser tratados con dignidad.
Al impartir la conferencia magistral el ‘Sistema integral de justicia para adolescentes sus principios y particularidades en México’, dijo que se debe fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, con el fin de que tengan una función constructiva en la sociedad se informa en un comunicado.
“Veníamos arrastrando un procedimiento de impartición de justicia penal que se remonta al siglo 19, un procedimiento muy formal y escrito, donde los jueces prácticamente no conocían a los imputados, donde no se respetaban los derechos humanos que hoy día los instrumentos internacionales reconocen y, donde era más importante la forma que el fondo”, explicó.
Por esta razón, dijo, era necesario modernizar e instrumentar un sistema de impartición y procuración de justicia penal acorde a los tiempos actuales, el cual satisfaga los reclamos de la sociedad y que compagine con los derechos reconocidos internacionalmente como la presunción de inocencia y la idea del derecho de libertad.
En su intervención, la ponente invitada para el Diplomado Especializado en Justicia para adolescentes con enfoque a facilitadores de medios alternativos de solución de conflictos que imparte el Poder Judicial de Oaxaca abordó las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, entre otros aspectos.
Señaló que en el Decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c), de la fracción 21, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 2 de julio de 2015, se otorga al Congreso la facultad para legislar en materia de justicia penal para adolescentes, y con ello, la posibilidad para crear una legislación única, cuya aplicación sea en el ámbito federal y local en toda la República.
De esta manera, se brinda mayor certeza y seguridad jurídica a los adolescentes; se unifican y sistematizan los criterios entre las 32 entidades federativas, evitando las inconsistencias y los vacíos legales entre las legislaciones locales y las federales, logrando con ello una mayor coordinación entre los operadores del sistema de justicia penal, destacando la importancia de distinguir el Sistema de justicia para adolescentes, del Sistema de justicia para personas adultas, puntualizó.