Salarios: resentimiento social, no austeridad ni justicia distributiva

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de noviembre de 2018.- Algunas notas sobre la nueva ley salarial:

1.- El salario es el precio que se paga por el valor de la participación del trabajador, empleado o funcionario.

2.- El salario se mide vis a vis con tres variables: el valor final del producto, la tasa de ganancia del patrón privado o público y las necesidades del trabajador.

3.- El salario tiene dos partes: el monetario o dinero en efectivo y el no monetario o prestaciones sociales. A ello se agrega una tercera para cierto nivel de élite gubernamental: el salario implícito en gastos cotidianos que corren por cuenta del presupuesto en los tres niveles de gobierno y en algunas instancias legislativas.

4..- El salario del Presidente de la República no puede ser un punto de referencia porque el volumen salarial es mucho menor al no salarial y al presupuestal.

5.- La ley de Remuneraciones tiene un punto falso: establece que el salario se paga “por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades”. Por tanto, el punto referencial no puede ser el salario del Presidente de la República porque es un cargo único y tiene la responsabilidad de conducir el Estado, el gobierno y resguardar la soberanía.

6.- Equiparar un catálogo de cientos de empleos públicos en los tres niveles de gobierno al del mando máximo es una aberración económica, social y racional.

7.- Cada mexicano con ingreso tiene que usarlo en nueve rubros de gasto, según el INEGI: alimentos, bebidas y tabaco; transporte propio o alquilado y comunicaciones; educación y esparcimiento; vivienda propia o alquilada, luz y combustibles; cuidados personales; gasto doméstico; vestido y calzado; transferencia de gasto; y salud. Todos estos gastos del presidente no salen de su salario, sino del cargo. Por lo tanto, el salario presidencial se puede dedicar íntegro al ahorro; a menos, claro, que el presidente López Obrador use su salario para pagar su comida, la gasolina del auto presidencial y su comitiva, use su casa o pague renta en Palacio Nacional –que sería altísima por la zona y el tamaño–, la luz de su casa en Palacio.

8.- El abuso en los ingresos de funcionarios no se localiza en el salario sino en las prestaciones con cargo al erario: fondo de ahorro, seguro médico privado, autos, servicio de seguridad, gasolinas, telefonía, transporte fuera de su zona de trabajo, comedor en oficina o pago de notas de consumo y muchos otros rubros. Si todos los funcionarios de la gran élite pagaran sus propios gastos y sólo tuvieran un salario, entonces habría una equidad.

9.- Según el INEGI cada mexicano dedica el 70% de su salario a alimentos y bebidas (35.2%), transporte (19.3%), vivienda (9.5%) y artículos del hogar (5.9%). En los salarios públicos y el presidencial existen prestaciones adicionales para estos rubros.

10.- Los salarios de funcionarios de todos los niveles son la superficie de un problema estructural: el servicio público no ha sido una planta laboral para la realización de funciones, sino que siempre ha sido una forma de construir una base social de lealtades. Antes de bajar salarios, el gobierno debería reducir su planta laboral total a la mitad y obligar a los altos funcionarios –con el presidente de la república poniendo el ejemplo– a pagar sus gastos con su salario, sin ningún apoyo del presupuesto.

11.- Si el salario determina el valor del esfuerzo humano para realizar una función, entonces los niveles salariales van a definir la calidad del producto. Un cálculo arbitrario pero cercano a la realidad puede concluir que en el sector público en todos los niveles se usan casi tres personas para hacer el trabajo de una. De ahí que antes de tocar salarios, el gobierno debiera cerrar la llave de prestaciones sociales, dotar a los funcionarios solo de salario y despedir cuando menos a la mitad de la burocracia reorganizando el papelerío inútil.

12.- En el fondo, la ley de remuneraciones es un acto de resentimiento social de la nueva élite gobernante y no un acto de racionalidad del gasto. Afectar el salario lleva a castigar el ingreso de los trabajadores de niveles medios y altos y a pauperizar la calidad del producto gubernamental, porque se pagarían salarios no en función del producto final –el servicio a la sociedad–, sino sólo por castigo a la burocracia. Un abogado del Estado, por ejemplo, tendría que decidir con un tercio del salario actual. La relación capacitación/salario reduciría la calidad del trabajo final y sería la garantía de corrupción.

13.- La determinación de salarios por ley rompe la dinámica del proceso económico de mercado y acerca a la economía laboral a un socialismo primario.

15.- Colocar el salario irreal del presidente como referencia es sencillamente un populismo de economía ficción.

Política para dummies: La política consiste en aprovechar el impulso de las leyes sociales, no imponer las propias.

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