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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 15 de febrero de 2019.- Este jueves una empleada del Poder Judicial del Estado que mantiene el estatus legal de Magistrada, interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, Juan Paulo Almazán Cué, el pleno de ese órgano y del Consejo de la Judicatura, por presunta discriminación y violencia institucional en razón de género.
La licenciada Adriana Monter Guerrero expuso que desde octubre de 2017, el titular del Poder Judicial ha ejercido violencia y discriminación en su contra, cuando de inicio la relegó de su cargo como magistrada, aparentemente para dar preferencia para la magistratura a otra persona por interés político.
Además, hizo constar en la queja que fue removida como Secretaria General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, hasta comisionarla al Archivo Judicial del Estado, sin funciones específicas e incluso reduciendo sus percepciones salariales, en un acto ilegal e injustificado.
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