Día 21. Por qué el enojo de AMLO contra jueces y magistrados
OAXACA, Oax., 25 de febrero de 2019.- Desde la Constitución de 1824, México adoptó el federalismo como forma de organización política. El modelo fue ratificado por la Constitución de 1857 y posteriormente por la de 1917 en la que se decidió que las entidades y la federación tuvieran tareas específicas. El modelo de libre asociación de los estados se declaró de manera formal, sin embargo, su funcionamiento fue impactado por la concentración de poder derivado del sistema presidencialista que prevaleció en el país durante varias décadas en las que dominó un solo partido político. Ello trajo consigo prácticas y escenarios que tuvieron repercusiones importantes para el funcionamiento del desarrollo local y de nuestra democracia.
La centralización y concentración del poder trajo consigo la ausencia de pesos y contrapesos que son necesarios en un régimen democrático. También, propició que hubiera una escasa infraestructura en las entidades para poder resolver las problemáticas locales y para profesionalizar las instituciones en los estados. Otra consecuencia fue fomentar la ausencia de responsabilidades y falta de rendición de cuentas, pues la ciudadanía nunca tuvo claro qué le tocaba a cada nivel de gobierno.
Además, con la concentración de poder en lo federal se impidió que las entidades pudieran formar alianzas para compartir mejores prácticas y solucionar problemas comunes; desincentivó la formación de regiones de desarrollo y difuminó problemáticas locales con recetas generales que muchas veces provocaron mayores conflictos en lugar de soluciones. Estas fueron algunas de consecuencias negativas del modelo que en la ley decía ser federalista, pero en la práctica fue centralista.
La organización de elecciones es uno de los temas importantes de analizar a la luz de este escenario. En 1946 se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, institución presidida por el Secretario de Gobernación, figura que determinaba su estructura y operación. El modelo jerárquico en la toma de decisiones permeó a los estados donde fue replicado, a pesar de que en muchos de ellos ya existían leyes que regulaban la forma de realizar los comicios; incluso en varios estados se apreciaban leyes de mayor avanzada en comparación con la norma federal. En 1977 se aprobó una reforma con la finalidad dar los primeros pasos hacia una liberalización del sistema político y permitir la incorporación de partidos de oposición en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no fue hasta los noventas, cuando surgieron los primeros organismos electorales autónomos tanto en los estados como a nivel federal. Estas nuevas instituciones se encargaron de eliminar la auto calificación de las elecciones la cual carecía de certeza, profesionalismo e imparcialidad.
La reforma de 2014 introdujo cambios importantes en el funcionamiento electoral. El Instituto Federal Electoral (IFE) pasó a ser Instituto Nacional Electoral (INE), las y los integrantes de los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales fueron designados de manera distinta, con un procedimiento que garantizó la autonomía ante posibles injerencias locales. También fue indispensable que hubiera coordinación en diferentes tareas entre ambas instituciones como la instalación de casillas únicas en elecciones concurrentes y una nueva dinámica electoral. El INE creó un Reglamento de Elecciones para precisar todas aquellas situaciones no contempladas por el legislador, y desde 2015 se han firmado más de 70 convenios de colaboración con las diferentes entidades en las que ha habido elecciones.
Es cierto, el modelo puede ser perfectible, pero me parece que la experiencia, compromiso con la democracia y profesionalismo que han demostrado los institutos estatales electorales han hecho que haya mayor desarrollo desde lo local que a nivel federal en aspectos como la consolidación de la democracia en el país, la innovación, la incorporación de tecnología para disminuir el costo de los procesos electorales, o la protección de derechos de la ciudadanía. Un ejemplo de ello ha sido sin duda alguna la implementación de la paridad.
Las acciones afirmativas que han diseñado los institutos locales electoral han representado un avance significativo para que más mujeres puedan acceder a los cargos públicos. La paridad en la integración de las candidaturas para presidencias municipales fue implementada por primera vez por el Instituto Electoral de Morelos en 2015 y ratificada por el TEPJF. La conformación de tablas de competitividad se propuso por primera vez por el Instituto Electoral de Oaxaca en 2016, con lo que se evitó que las mujeres fueran sólo postuladas en municipios y distritos poco competitivos.
Otros institutos han optado por establecer en sus lineamientos que las listas de representación proporcionar inicien con mujeres para promover un mayor ingreso y reducir brechas de género aun cuando las normas locales no lo contemplan. Estos son sólo algunos ejemplos de la riqueza de diseños pensados desde lo local para fomentar la participación de mujeres en la política. Cada estado tiene particularidades y dinámicas sociales que son conocidas por las instituciones que ahí funcionan.
No debemos olvidar que lo local es el amito de gobierno más cercano a la ciudadanía, los municipios y estados son el primer contacto, por lo que considero que deberíamos seguir fortaleciendo estos espacios. En México optamos por un sistema federal al contar con extenso territorio y una importante diversidad cultural, veamos estas características como ventajas. Aprendamos de las cosas que funcionan, identifiquemos áreas de oportunidad y sigamos construyendo la democracia desde nuestros estados y municipios. Porque sólo si tomamos en consideración la riqueza de nuestra diversidad y fortaleciendo las capacidades y facultades de nuestros estados y municipios podremos aspirar a tener una mejor sociedad, un mejor país, y por supuesto, un mejor Oaxaca.