La política pública de seguridad y las fuerzas armadas

OAXACA, Oax. 25 de febrero de 2019.- Si la creación de una Guardia Nacional, bajo los códigos de la disciplina castrense, es lo mejor para México, puede estar a debate.

Lo que no está sujeto a discusión es la demanda de la gente, medida en ejercicios demoscópicos (como el de Parametria que se puede consultar en la siguiente liga:

http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5079) para que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad pública en estados y municipios.

La demanda tiene su cimiento en la incontestable aprobación y confianza que los mexicanos tenemos en el ejército, la marina y la fuerza aérea.

Uno de los puntos débiles al respecto lo es sin duda el de los derechos humanos, pero al ciudadano de a pie parece importarle poco frente a su grave percepción de inseguridad.

Los mexicanos quieren paz y tranquilidad y se las confían a las fuerzas armadas.

La Guardia Nacional tiene respaldo popular y con todo y que las mayorías a veces se equivocan, la piedra angular de la Estrategia Nacional de Seguridad va.

Solo falta la aprobación de los diputados federales y lo propio en la mitad mas uno de las legislaturas de los estados, por tratarse de una reforma constitucional.

En un interesante estudio de México Evalúa se dilucida sobre lo que yo también considero

que debe ser la propuesta central de la política pública en la materia en México: construir la seguridad pública desde abajo.

Necesitamos un cambio de paradigma en el diseño de la estrategia de seguridad con un objetivo a largo plazo: fortalecer las instituciones civiles de seguridad.

El nuevo derrotero debe pasar por dotar a los municipios de fuerzas de policía lo más competentes posibles; redimensionar el concepto de “delincuencia organizada” que en los dos sexenios anteriores abrazaba prácticamente a todas las expresiones delictivas; hacer visibles delitos como el robo, el homicidio y las violaciones que se habían invisibilizado a la sombra del ambiguo concepto de delincuencia organizada; desplegar estrategias de prevención del delito a través del acceso de las comunidades al desarrollo y de la gente a la educación y al empleo; y muy importante, fortalecer los diagnósticos.

Si una política pública parte de un diagnóstico equivocado, el resultado será siempre desafortunado como sucedió en los sexenios de Calderón y Peña que lejos de resolver el problema público de la inseguridad, lo agravaron.

En México hace falta producir eficaces diagnósticos locales para construir una estrategia de seguridad a partir de lo local y a bajo la égida de instituciones eminentemente civiles.

Es necesaria también una política de desarme y, como acertadamente se pretende hacer, combatir frontalmente la corrupción y la impunidad, como dimensiones políticas de la violencia.

En tanto se dan las condiciones que hagan todo ello posible, la Guardia Nacional es no solamente pertinente sino necesaria.

En los términos en que, por unanimidad, la acaba de aprobar el Senado se antoja benigna, sobre todo en los concerniente a su temporalidad de cinco años.

El pueblo de México confía mayoritariamente en sus fuerzas armadas, le entrega su

integridad física y patrimonial.

Esperemos que el marco jurídico que los legisladores les están regalando para que tengan certeza en sus nuevas tareas represente, de una vez por todas, la salida a esta interminable y tormentosa espiral de zozobra.

Ojalá que estos cinco años sirvan para que al final, todas las corporaciones civiles y militares tengan perfectamente claras y delimitadas sus funciones constitucionales. Tanto las municipales, como las estatales y las federales y que en el mediano plazo, la policía federal vuelva a tener el lugar de respeto y decoro que le corresponde en la tarea de brindar seguridad a los mexicanos.

@MoisesMolina