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OAXACA, Oax., 27 de febrero de 2019.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó inconsistencias por más de 126 millones de pesos en la ejecución de los recursos de la Secretaría de Finanzas, durante el ejercicio fiscal 2017, en el periodo en que Jorge Gallardo Casas estuvo a cargo de la dependencia.
En un reportaje difundido por el periódico Encuentro, se detalló que se hicieron observaciones por 126 millones 232 mil pesos a la Sefin, por signar contratos irregulares y hacer pagos injustificados, según se establece en la tercera entrega de la Cuenca Pública 2017, presentada el pasado 20 de febrero.
Todavía el pasado 17 de enero, antes de la que la ASF publicara su informe, las autoridades locales intentaron atender las observaciones hechas, pero el ente determinó que los reportes remitidos no reunían las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia para aclarar o justificar “lo observado”, por lo cual los resultados “se consideran como no atendidos”.
El 9 de enero, una semana antes de que el gobierno local intentara aclarar esas inconsistencias, fue destituido como titular de Finanzas, Jorge Gallardo Casas, quien había encabezado la dependencia desde diciembre de 2016.
La Auditoría Superior de la Federación explicó que durante 2017, el gobierno del estado, por medio de la Sefin, administró 14 mil 314 millones de pesos asignados mediante las Participaciones Federales a Entidades Federativas.
De ellos, fueron auditados 6 mil 532 millones de pesos que representaron el 45.6 por ciento del monto total entregado. En comparación con los recursos fiscalizados, las observaciones efectuadas equivalen al 2.7 por ciento.
Sefin, plagada de inconsistencias
En los pliegos de observaciones comenzados contra Sefin, destaca que la dependencia pagó 9 millones 999 mil pesos a una empresa para la elaboración de un proyecto donde se estableciera la cantidad y el tipo de personal que sería incluido en el Programa de Liquidación Anticipada 2017.
Sin embargo, la Auditoría descubrió que el acta de entrega-recepción de los servicios –contratados por adjudicación directa– no cuenta con las firmas de los representantes de la autoridad competente, además de que el estudio no especificó bajo qué criterios se realizó ni cuenta con un análisis del impacto de la disminución del personal en las respectivas áreas para poder determinar las plazas susceptibles a eliminarse o fusionarse.
Añadió que el prestador de servicios se limitó a entregar una lista con los nombres de servidores públicos y la cantidad necesaria para su liquidación; luego, la ASF halló que en la estructura orgánica de la Secretaría de Finanzas se cuenta con las áreas y el personal para llevar a cabo dicha actividad.
Posteriormente, Sefin contrató a otras cinco empresas –otra vez por adjudicación directa sin que ninguna de ellas estuviera inscrita en la lista de proveedores del gobierno del estado– para que llevaran a cabo el proceso de liquidación de los empleados seleccionados en el proceso previo.
Sin embargo, la dependencia no proporcionó la documentación comprobatoria que acreditara la realización de pagos a favor del personal cesado por un monto de 85 millones 463 mil pesos ni las respectivas retenciones por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Es decir, la Secretaría no comprobó que los trabajadores despedidos hayan recibido su liquidación respectiva conforme a la ley.
No es todo, pues Finanzas pagó comisiones por 13 millones 674 mil pesos y cubrió un IVA por 2 millones 187 mil pesos en favor de las cinco empresas que participaron en la ejecución de los despidos, pese a no contar con la documentación justificativa y comprobatoria del servicio prestado.
Por último, la Auditoría descubrió que el gobierno de Oaxaca realizó pagos indebidos a los proveedores a través de sus facturas por un importe de 13 millones 674 mil pesos por concepto de IVA sobre la liquidación anticipada a los trabajadores; sin considerar que los recursos económicos (85,463.7 miles de pesos) presumiblemente pagados a los trabajadores, salieron de las participaciones federales del propio gobierno de Oaxaca y no del prestador de servicios que simplemente fue intermediario.
De no aclarar las acciones anteriores, el gobierno estatal estará obligado a regresar a la Tesorería de la Federación todos los montos involucrados en las transacciones, así como los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro.
Fuente:
Encuentro
http://www.encuentroradiotv.com/index.php/portada/primera-plana/item/4861-otorgo-finanzas-contratos-y-pagos-irregulares-por-mas-de-120-mdp