Puebla y Morelos; crímenes de estado

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de febrero de 2019.- El tema lo reclama; esclarecer la tragedia que costó la vida a la gobernadora de Puebla y a su esposo, senador de la República.

Por eso, el 31 de diciembre de 2018 preguntamos en este espacio: “¿Y si fue atentado? Luego, el 25 de enero de 2019 volvimos con una interrogante similar: “Puebla; fue atentado”.

Habíamos pasado de la duda a la certeza. ¿Por qué?

Porque el gobierno federal insistió en dar carpetazo a la tragedia, al extremo de apostar por el olvido.

Y debemos regresar porque si no existía una sola evidencia de que la muerte de la gobernadora de Puebla y de su esposo pudiera ser un atentado, hoy crece el “sospechosismo”. ¿Por qué?

Porque al ordenar que se oculte por cinco años la última comunicación del piloto del helicóptero siniestrado, el titular de Comunicaciones y Transportes –y el gobierno federal en su conjunto–, colocaron la tragedia en calidad de crimen de Estado.

Y las razones son elementales. ¿Por qué?

Porque, como dice el refrán, “el que nada debe, nada teme”, ¿Por qué ocultar, entonces, una grabación sin importancia? ¿Qué esconden el presidente Obrador y su gobierno? ¿Qué dijeron el piloto y su contraparte del control en tierra?

Aquí vale recordar que durante toda la campaña presidencial, ya como presidente electo y ahora como presidente constitucional, Obrador pregonó por todo el país un estribillo que le ganó simpatía y votos: “no mentir, no robar y no engañar”.

¿Por qué, entonces, miente y engaña –junto con algunos integrantes de su gabinete–, en un caso como el de la tragedia que costó la vida a Martha Erika Alonso y a su esposo, Rafael Moreno Valle, jefe de los senadores del PAN?

Lo cierto es que la mañanera de hoy, jueves, el titular de la SCT dará a conocer una porción de la comunicación entre el piloto y su base en tierra. Y en esa grabación no habrá ninguna revelación extraordinaria, salvo que se confirma que la Torre de Control perdió la comunicación con el piloto.

Pero luego de la primera confirmación de que el gobierno federal oculta no sólo información sino evidencias del siniestro –evidencia que pudiera ser clave–, ya nadie creerá lo que diga el gobierno sobre el caso. Entonces habrá nacido la versión del crimen de Estado.

Y es que del escándalo de Estado y del ocultismo de Estado habremos pasado al crimen de Estado.

¿Por qué?

Porque entonces el supuesto crimen de Estado será rentable para fines político electorales. Y si lo dudan el mismísimo jefe nacional del PAN, Marko Cortés, se sumó al “sospechosismo”.

Dijo, palabras más, palabras menos, que si el gobierno de Obrador oculta información sobre la tragedia, entonces los ciudadanos tenemos derecho a suponer que se trató de un crimen de Estado.

Al final, el gobierno federal está obligado a indagar con seriedad el caso y, por tanto, ofrecer una respuesta y contundente si no quiere cargar con “el sambenito” de gobierno criminal.

Y el mismo fardo de crimen de Estado cargará el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, en Morelos, en donde la fiscalía estatal cometió un error garrafal en torno al crimen del opositor Samir Flores.

Como saben, el luchador social se oponía, junto con el candidato presidencial de Morena, a la construcción de la termoeléctrica de Morelos. Luego que López Obrador cambió de manera radical su postura y apoyó la construcción de la termoeléctrica, Samir Flores se colocó en el peor lugar posible; el de adversario del presidente.

De manera impensable y horas antes de la consulta ordenada por el presidente –para dizque decidir si la termoeléctrica sigue o se cancela–, Samir Flores fue asesinado. ¿Y qué creen?

Que la fiscalía estatal de Morelos reconoció haber perdido evidencia para esclarecer el crimen. ¿Es creíble tal descuido?

No, lo cierto es que se presume que manos interesadas en la opacidad del caso participaron en la desaparición de la evidencia para esclarecer el crimen.

Por eso vale preguntar ¿Quién, luego de la ridícula desaparición de evidencia, creerá lo que diga el gobierno estatal luego del manoseo del caso?

Nadie.

Y mientras tanto, el crimen de Samir Flores quedará impune y marcado como crimen de Estado, en tanto el gobernador y ex futbolista será señalado como criminal de Estado.

Al tiempo.