El episcopado ante el segundo piso de la 4T
OAXACA, Oax., 7 de abril de 2019.- Se ha desatado una buena polémica sobre la política pública que ha definido la Cuarta Transformación en relación a las naciones originarias, naciones comunitarias, pueblos indígenas, pueblos originarios, pueblos indios, pueblos naturales, aborígenes, o como usted los quiera llamar, para las Naciones Unidas son Pueblos Indígenas.
El Presidente de la República ha dicho que en materia de política social tienen prioridad las personas de estas naciones.
Cierto, todos los programas de Bienestar tienen una incidencia extraordinaria sobre la población de las naciones originarias, en este sentido, no se le puede rebatir al Presidente sobre su generosa política, es el mejor en la historia nacional sobre la materia.
En este sentido, cumple a cabalidad con uno de los apartados del artículo segundo de la Constitución. De esto ni hablar, nos declaramos abiertamente obradoristas.
Sin embargo, siempre hay un pelo en la sopa, siempre hay un pero, la política pública de la Cuarta Transformación en relación a las naciones originarias hace a un lado el otro apartado de la Constitución, casi lo ignora, le hace el feo, no está en la prioridad del nuevo régimen la defensa, el fortalecimiento, la consolidación, del derecho de autodeterminación y autonomía de los pueblos originarios, ni más ni menos, incluso nos atrevemos a afirmar que lo viola.
Si el apartado del artículo segundo de la Constitución es hecho a un lado, el asunto se recrudece si citamos al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que México ha suscrito, que además es de carácter obligatorio para el gobierno mexicano, que tiene una serie de disposiciones que buscan el goce efectivo de los pueblos originarios de su derecho a la autodeterminación.
Desde luego, la autodeterminación de las naciones originarias no es una concesión graciosa de nadie, las naciones se lo han ganado a pulso. Esta lucha por la autodeterminación tiene la misma magnitud, si usted me lo permite, que la lucha en contra de la esclavitud.
La liberación de millones de comunitarios del mundo y de México es un imperativo ético, ni más ni menos.
Usted se preguntará, si usted no es miembro de alguno de estos pueblos, el por qué se les atribuye tanta importancia si al fin y al cabo son tan humanos como cualquiera.
Si lo vemos desde un lado positivo, traen consigo una cultura milenaria muy valiosa para la humanidad, que merece conservarse y desarrollarse, porque es una cultura que aboga a favor de la propia humanidad, por ejemplo, la conservación de la naturaleza.
Porque son naciones, por simple justicia, merecen abolir sus condiciones de colonización, de colonialidad, de millones de años.
Merecen vivir bien y en libertad, no se les puede negar de tener un futuro que ellos mismos puedan construir, porque ese es el problema, siempre se les ha considerado como objetos de explotación, de subordinación, de dominación, menores de edad, miserables que necesitan la benevolencia de los otros para existir. Por todo ello, merecen un lugar especial en los derechos nacionales e internacionales, ¿es mucho pedir?
Importa de sobremanera que los gobiernos adopten medidas especiales para salvaguardar sus culturas y el medio ambiente en que se desarrollan y viven. Los gobiernos no pueden tener acciones contrarias a los intereses de estas naciones. Proteger sus valores y prácticas es imperativo para los gobiernos. Desde luego, ellos pueden y deben decidir sus prioridades, sólo a ellos les corresponde.
Asimismo, toda acción gubernamental no puede ni debe afectar sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras o territorios que ocupen. Por ello, estas naciones deben participar en la formulación, aplicación, evaluación, de los planes y acciones gubernamentales que les afecten.
Por estas razones los gobiernos están obligados a respetar sus derechos diferenciados, cuestión que muchas personas no entienden por prejuicios, por ignorancia o por mala fe. Respetar y proteger su integridad es fundamental.
Toda acción de los gobiernos sobre estas naciones tiene que ser por acuerdo con ellos, acción coordinada y sistemática dice la ley.
Si no es por acuerdo, por lo menos que sea por consulta, pero que sea apropiada, con procedimientos previamente acordados, a través de sus representantes, con apego a sus instituciones, de buena fe, de acuerdo a las circunstancias de cada lugar.
La finalidad de la consulta es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de los planes, de las acciones gubernamentales propuestos. Si somos precisos, tales consultas tienen que ser plenamente democráticos.
Acuerdo, cooperación, coordinación, consulta apropiada, respeto, derechos efectivos, libertad, igualdad, medidas especiales, cuidado del medio ambiente, cultura, participación, saberes, autodeterminación, autonomía, son conceptos que está ignorando la Cuarta Transformación.
No lo estamos inventando, están en las leyes. Recordando al gran Juárez: Nada por la fuerza, todo por la razón de la ley y de la historia.