Consideran legal detención de El Max, generador de violencia en Sinaloa
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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de julio de 2019.- La instrucción superior es investigar a fondo.
No dejar ningún acto de corrupción impune.
La sociedad no perdonaría la campaña contra enriquecimientos y desvíos de políticos anteriores sin los castigos correspondientes.
Por eso los responsables de instituciones de gobierno cumplen perfectamente el ordenamiento y por eso hay muchos expedientes abiertos.
Unos públicos, como el de Emilio Lozoya, y otros en privado aunque se hayan dados visos de perjuicios a la nación desde distintas posiciones.
Hablemos de algunos señalamientos sin sustento:
El primero de ellos corresponde a José Narro Robles, a quien como ex secretario de Salud se ligó a mafias comerciales de medicamentos e instrumental médico.
Se le investigó y, al fin hombre honesto, no se encontraron responsabilidades por acción u omisión desde esa posición.
El segundo es David Penchyna Grub, director del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).
En una conferencia rutinaria en Palacio Nacional se le acusó de percibir salarios “de 700 mil pesos mensuales”, pero se investigó y fue afirmación sin sustento.
Tampoco se le detectaron malos manejos con los créditos, las carteras del organismo o con los muchos contratos con empresas.
Y por también se mencionaba la llamada estafa maestra, de mucho escándalo mediático pero hasta ahora sin sustento para involucrar a ex funcionarios de Enrique Peña.
Ningún expediente de ahora
No obstante, el pasado sigue sujeto a juicio.
No importa si ahora hay acciones como los contratos asignados recientemente a Carlos Lomelí en el abasto de medicamentos al sector de salud pública.
A él sólo se le investigan (supuestamente) lazos con los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.
Con estos elementos, no debe estar preocupado el amigo de Andrés Manuel López Obrador y ex candidato a gobernador de Jalisco por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Como son muchos los ejemplos y en su momento causarán escándalo –ojalá no sea hasta el próximo sexenio-, hablemos de otro caso puntual.
En este momento la agencia legalmente de Estado Notimex acapara publicaciones por malos manejos.
Pero no se investigan las denuncias de los despedidos y trabajadores violentados con la dirección de Sanjuana Martínez.
Ahora la Secretaría de la Función Pública (SFP) se centra en el pasado.
Según su información, se indagan “uso indebido de recursos públicos, probable conflicto de interés y posible tráfico de influencias”.
¿De ahora?
No, de administraciones anteriores.
Y Napito quedará sin mancha
1.- Napoleón Gómez Urrutia debe seguir tranquilo.
A las distinciones recibidas desde el poder y una reforma laboral a su favor, pronto le desaparecerán todos los cargos y procesos pendientes.
Por eso a Napito puede vérsele tranquilo y en paz en comederos políticos con su abogado Marco Antonio del Toro.
2.- En todo debate sobresale una frase o un hecho.
En el de los tres candidatos a la presidencia del PRI es el señalamiento de Alejandro Moreno Alito a Ivonne Ortega por no apoyar a su partido en las elecciones del 2018.
La yucateca argumentó la petición del equipo de José Antono Meade de no apersonarse en ningún acto público.
Luego intervino Lorena Piñón con un argumento sólido: cuando alguien se va porque se lo piden, “está cañón”.
Por eso el PRI está donde cayó.
Y 3.- Andrés Manuel López Obrador irá este fin de semana por sexta vez a San Luis Potosí para revisar clínicas y centros de salud.
Se llevará una sorpresa: acostumbrado a sacarle beneficios, el gobierno de Juan Manuel Carreras le pedirá sanear la huasteca potosina.
Le aplaudirán Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, pues también tienen sus huastecas.