Presidente decidirá sobre recursos obtenidos por extinción de dominio

CIUDAD DE MÉXICO,  31 de julio de 2019.- Apenas la semana pasada en sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual, entre otros aspectos, contempla la transformación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en el Instituto de Administración de Bienes y Activos, descartando por completo la propuesta presidencial de llamarlo: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

En ese sentido, contempla la creación de un Gabinete Social de la Presidencia de la República, el cual se encargará de evaluar y determinar la asignación o trasferencia de bienes sujetos a extinción de dominio por estar relacionados con ilícitos, así como los que sean asegurados, abandonados o decomisados en procedimientos penales.

De acuerdo a la legislación, este Gabinete Social sería presidido por el jefe del Ejecutivo e integrado por secretarios de Estado, lo que le da amplio margen de maniobra al Presidente López Obrador, sobre los recursos que se obtengan por la venta o enajenación de bienes, inmuebles, objetos y toda clase de propiedad que sean incautados a quienes hayan cometido alguno de los ilícitos señalados en la Ley.

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