Urge CNDH a autoridades a dar respuesta a familiares de desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de agosto de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su solidaridad y compromiso con las más de 40 mil personas desaparecidas, ya sea víctimas de desaparición forzada o cometida por particulares, y sus familiares, quienes aún esperan conocer la verdad sobre esa práctica ignominiosa, contraria a la dignidad humana y que implica la negación absoluta de todos los derechos humanos, así como saber el destino de sus seres queridos, acceder a la justicia, a la reparación del daño y recibir garantías de no repetición.

Este Organismo Nacional saluda que este viernes se haya anunciado que el Presidente de la República ha instruido aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para recibir y examinar comunicaciones individuales, situación que no fue atendida por la administración pasada, a pesar de los diversos exhortos realizados por la CNDH; invitar a dicho Comité para que realice una visita oficial a México durante el segundo semestre de 2020; atender las decisiones internacionales relacionadas con casos de desaparición de personas; presentar una iniciativa legislativa que permita hacer efectivo el mecanismo extraordinario de identificación forense, así como el hecho de que se haya comisionado a la Unidad de Búsqueda de la Policía Federal, a la Comisión Nacional de Búsqueda para realizar tareas de búsqueda y localización de personas desaparecidas. 

Este Organismo Constitucional Autónomo subraya que, de acuerdo con datos oficiales dados a conocer el día de hoy, se han localizado más de 3,000 fosas clandestinas de las que se han exhumado restos óseos, sin embargo, aún no se generan las condiciones adecuadas para dar debida atención a dicho problema, lo que refleja, en los hechos, falta de interés y voluntad de las autoridades, particularmente de las entidades federativas del país, para atender los legítimos reclamos de las víctimas y de la sociedad, lo que coadyuvará a recuperar la convivencia pacífica, la confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho.

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