La Constitución de 1854 y la crisis de México
CIUDAD DE MÉXICO, 1 de noviembre de 2019.- En la ciudad de México se percibe que lo que se hace en el sector público en la capital del país es lo mejor o lo menos malo, incluido, por supuesto, el tema de seguridad pública y protección ciudadana. Puede ser el principio, pero los datos empíricos no sustentan está afirmación sin matices ni particularidades.
En Morelia, el trienio pasado, a la alcaldía moreliana llegó un joven empresario inteligente y honesto, Alfonso Martínez Alcázar, como candidato independiente, el primero en la historia del municipio. Este joven llegó a un municipio devastado, con problemas en los más distintos temas de la agenda pública.
Entre otras muchas cosas, Alfonso atacó el problema reiterado en Morelia: la ausencia de seguridad. Se encontró con la novedad de que tenía unos cuantos agentes de la policía y los demás, incrustados en la nómina del erario de Morelia, estaban comisionados en diversos municipios del Estado. Frente a ese problema y teniendo como emblema tolerancia cero a la corrupción, Alfonso pudo hacer más con menos y logró que hubiera un crecimiento en más del 1000% el número de agentes de la policía preventiva, la denominada policía de proximidad, sometidos a exámenes de control de confianza reales.
Asimismo, subió el sueldo y las prestaciones de los agentes policiacos en promedio arriba del 40% de la media nacional. Rediseñó la figura del juez cívico que generó un nuevo paradigma contra la impunidad y se le dio atribuciones para formar ciudadanía y dar vida a una cultura de legalidad.
De esta forma, Michoacán se incendiaba y se estigmatizaba en la percepción pública nacional e internacional, pero Morelia quedó como una isla de convivencia pacífica y armónica. No es mi imaginación ni opinión.
Los datos oficiales generados por instancias federales (la Comisión Nacional de Seguridad Pública) dieron cuenta del cambio radical: Bajó el 39% en la incidencia delictiva, de 171 mil delitos a 104 mil. Se redujo el delito de homicidio doloso en un 6.9% contra la tendencia nacional y estatal que en 2017 creció más del 10%. También bajó la percepción de inseguridad en un 11%. Y más datos duros: Morelia en ese trienio (2015-2018) pasó de la 4ª ciudad más insegura a la 22 del país. Creció la tasa de denuncia de delitos, de 4 a 18 de cada 100 delitos, en virtud de la recuperación gradual de la confianza entre los ciudadanos en el trabajo de las autoridades.
Todo lo anterior, le valió al ayuntamiento de Morelia y a su alcalde Alfonso Ramírez Alcázar que la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos y el Gobierno Británico ubicaran ese modelo local como un ejemplo nacional que debía ser replicado.
Y Alfonso no es policía de formación ni ha estado vinculado a las tareas de seguridad, pero tiene una gran virtud: sabía que no sabía y se atrajo a gente preparada en el tema para enfrentar el reto. Hoy cada día que pasa, el también ingeniero Alfonso Durazo, secretario de seguridad y protección ciudadana no sabe que no sabe y por tanto no se puede esperar nada bueno con un perfil de esa naturaleza.
Personas sin partido como Alfonso Ramírez quien regresó a sus labores empresariales en Morelia debería ser consultado para replicar un programa modelo municipal a nivel nacional tras su caso de éxito. Como es sabido, no es fácil que los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido den reconocimientos al por mayor, menos si no hay datos que justifiquen un reconocimiento especialmente en esta compleja tarea de recuperar la paz perdida, que se ha vuelto en el problema número uno del país. Cuando hay inteligencia, honestidad y voluntad el cambio de la periferia al centro es posible, como lo hizo en su momento Alfonso Martínez.
@evillanuevamx